Durante décadas Costa Rica fue considerada uno de los países más estables y seguros de Latinoamérica, sin embargo, la penetración del narcotráfico y el aumento de homicidios sin precedentes han transformado la inseguridad en la principal preocupación de la población y en el eje central del debate político.
El avance del crimen organizado ha llevado incluso a que los aspirantes a la Presidencia discutan la posibilidad de implementar un estado de excepción como medida para enfrentar la violencia, una idea que refleja la magnitud del problema que vive el país.
En medio de este escenario, la Policía costarricense ejecutó un amplio operativo para desarticular al primer cartel local identificado por las autoridades, conocido como el Cartel del Caribe Sur, señalado de movilizar toneladas de cocaína desde Costa Rica hacia Estados Unidos y Europa, con droga proveniente de Colombia.
Las investigaciones internacionales también han puesto la lupa sobre esta red, luego de que autoridades estadounidenses emitieran sanciones contra varios costarricenses vinculados al grupo, algunos de los cuales enfrentan solicitudes de extradición.
Entre los señalados figuran exfuncionarios, abogados y presuntos líderes del cartel, lo que ha sacudido a la opinión pública y evidenciado el profundo impacto del narcotráfico en las estructuras sociales y políticas de Costa Rica.
