El anuncio de la salida de un “número importante de personas” de las cárceles venezolanas ha generado esperanza y alarma entre familiares y activistas. Aunque el Gobierno asegura que no existen presos por razones políticas, las organizaciones de derechos humanos insisten en que se trata de excarcelaciones y no de liberaciones plenas.
Quienes abandonan los centros de reclusión permanecen judicializados, con prohibición de salir del país, restricciones para declarar ante los medios y la obligación de presentarse periódicamente ante los tribunales. Activistas aseguran que estos excarcelados viven bajo amenazas y vigilancia constante, sin poder relatar lo ocurrido durante su encarcelamiento.
Las ONG advierten que estas medidas permiten que las autoridades los puedan volver a encarcelar en cualquier momento, violando el debido proceso y limitando la defensa legal de los afectados. Muchos enfrentan cargos graves como traición a la patria y terrorismo, con penas máximas estipuladas por la ley venezolana.
Organizaciones como Justicia, Encuentro y Perdón reclaman la libertad plena y absoluta de estas personas, subrayando que han sido detenidas arbitrariamente por motivos políticos. Hasta la fecha, se han registrado cientos de excarcelaciones, pero la preocupación persiste ante la falta de garantías y la continuidad de los procesos judiciales en su contra.
