Se cumple un año desde que una reforma constitucional otorgó poder total a los esposos y copresidentes de Nicaragua, Daniel Ortega y Rosario Murillo, eliminando el balance de poderes y consolidando un régimen que expertos califican de totalitario. La enmienda amplió el período presidencial, estableció la figura de copresidenta y subordinó los órganos del Estado a la voluntad de la pareja gobernante, legalizando además la apatridia y reconfigurando la Constitución a su conveniencia.
Abogados y especialistas en derechos humanos advierten que la reforma persigue garantizar el continuismo del Gobierno sandinista, intimidar a la oposición y consolidar lo que antes era un control de facto sobre el Estado, ahora ratificado de Derecho. La Presidencia concentra el poder legislativo, judicial y electoral, mientras se restringen los derechos fundamentales de la población y se abre la puerta a una sucesión dinástica.
Ortega, en el poder desde 2007, y Murillo han gobernado bajo denuncias de fraude electoral y represión sistemática a la oposición, reforzando un control absoluto que muchos consideran un colapso del Estado de Derecho en Nicaragua.
