Este lunes Honduras pone fin al estado de excepción que estuvo vigente desde diciembre de 2022. La medida, implementada por el gobierno de Xiomara Castro, fue atribuida a la reducción de homicidios, pero políticos de oposición y organizaciones civiles señalaron que no logró frenar la extorsión y derivó en reiteradas violaciones a los derechos humanos.
El cese de la suspensión de garantías constitucionales ocurre un día antes de la toma de posesión del nuevo gobierno conservador de Nasry ‘Tito’ Asfura, quien ha afirmado que el país «no puede seguir bajo estados de excepción permanentes» y plantea combatir la violencia mediante el fortalecimiento institucional y la creación de empleo.
Críticas y análisis político
El diputado opositor Carlos Umaña calificó la medida de «fracaso», destacando que regía en 226 de los 298 municipios del país y que dejó «muchas violaciones de derechos humanos». Según Umaña, aunque la tasa de homicidios bajó de 43 por cada 100.000 habitantes en 2022 a 23 en 2025, otros delitos como la extorsión «no disminuyeron, sino que aumentaron», afectando a más de 384.000 hogares según la Asociación para una Sociedad más Justa (ASJ).
Por su parte, la exdiputada Fátima Mena denunció que la medida fue usada como «herramienta de control político» por el gobierno saliente, concentrando poder más que combatiendo el crimen, y señaló que los sectores más vulnerables, especialmente jóvenes de zonas de pobreza, fueron los más afectados. Mena recordó denuncias de desapariciones, torturas y otros abusos sin mecanismos claros de justicia o reparación para las víctimas.
El fin del estado de excepción también podría generar demandas contra el Estado por parte de ciudadanos que aseguran haber sido víctimas de violaciones a sus derechos, un riesgo que organismos nacionales e internacionales habían alertado previamente.
Contexto legal
A mediados de noviembre de 2025, más de 70 diputados autoconvocados derogaron el estado de excepción, decisión que fue desconocida por el Ejecutivo, en un hecho que, según analistas, podría ser constitutivo de delito.
