El Parlamento venezolano, controlado por el chavismo, aprobó una reforma a la ley de hidrocarburos que permitió la participación de empresas privadas y extranjeras en la industria petrolera, hasta ahora controlada exclusivamente por PDVSA. La medida se dio en paralelo a la emisión de una licencia general del Departamento del Tesoro de EE. UU., que autoriza ciertas transacciones con el petróleo venezolano, en un giro respecto a las sanciones impuestas por Donald Trump en 2019.
La reforma derogó la norma que reservaba al Estado el control de la exploración, extracción, transporte, comercialización, exportación y almacenamiento, y estableció que compañías privadas podrían asumir estas actividades a su propio costo y riesgo, tras la aprobación de un plan de negocios por el ministerio competente. Asimismo, se permitió el uso de activos y áreas operacionales de PDVSA por parte de empresas privadas, previo pago de regalías que ahora pueden ajustarse según la naturaleza del proyecto y la necesidad de asegurar competitividad internacional.
La modificación también abrió la posibilidad de resolver conflictos mediante tribunales nacionales o mecanismos de arbitraje, lo que generó críticas de expertos como el exministro Rafael Ramírez, quien advirtió que la medida podría beneficiar a operadores privados más que al Estado, y transformaría a PDVSA en una «mera agencia administradora de contratos», marcando un cambio radical respecto a la política de estatización impulsada por Hugo Chávez.
