La administración del presidente Donald Trump ha tomado medidas para poner fin al Estatus de Protección Temporal TPS para ciudadanos de Honduras y Nicaragua, una decisión que impactaría a más de 50,000 personas beneficiadas por este programa migratorio.
Ambas designaciones de TPS fueron otorgadas en 1999, lo que significa que muchos de los afectados han vivido legalmente en Estados Unidos durante más de dos décadas. Durante ese tiempo, han cumplido rigurosamente con los requisitos del programa, incluyendo una verificación de antecedentes cada 18 meses a lo largo de los últimos 26 años.
La decisión de revocar el TPS representa una amenaza para miles de familias que han echado raíces en el país, trabajado legalmente y contribuido a sus comunidades. Organizaciones defensoras de migrantes han expresado su preocupación por el impacto humanitario de esta medida.
