En el segundo día de gestión del presidente de la República, Nasry Asfura, el cilindro de gas licuado de petróleo (LPG) de uso doméstico registró un incremento significativo en la capital hondureña, generando preocupación entre consumidores y pequeños comerciantes.
Este miércoles, negocios de Tegucigalpa reportaron la venta del cilindro de 25 libras a un precio de 271 lempiras, lo que representa un aumento de al menos 30 lempiras en comparación con el valor subsidiado anterior, que rondaba entre 238 y 240 lempiras.
El alza se produce de manera inmediata tras la finalización del subsidio estatal al gas LPG doméstico, medida que estuvo vigente hasta el 26 de enero de 2026 durante la administración anterior. De acuerdo con fuentes del sector, el nuevo precio refleja el costo real del producto tanto en el mercado internacional como nacional.
Hasta el momento, el actual gobierno no ha anunciado una política de compensación ni la implementación de un nuevo subsidio para mitigar el impacto del incremento.
Vendedores ambulantes y propietarios de pequeños negocios de comida, como puestos de baleadas y otros alimentos de consumo popular, manifestaron su preocupación por el aumento en sus costos operativos. Señalaron que el gas es un insumo indispensable para la preparación de alimentos y que el alza los obliga a trasladar parte del costo al consumidor final.
Comerciantes coincidieron en que el ajuste no responde a prácticas especulativas, sino a la necesidad de mantener la sostenibilidad de sus negocios. Advirtieron que, de no aplicarse medidas de alivio, productos básicos como la baleada podrían experimentar incrementos en su precio en los próximos días.
El aumento del gas LPG se da en un contexto de creciente presión sobre el poder adquisitivo de las familias hondureñas, donde los ingresos resultan cada vez más insuficientes para cubrir las necesidades básicas. Al tratarse de un insumo esencial en hogares y microempresas, su encarecimiento podría generar un efecto en cadena en los precios de alimentos preparados y en la economía informal.
Hasta ahora, ni la Presidencia de la República ni la Secretaría de Energía han emitido pronunciamientos oficiales sobre posibles acciones para reducir el impacto en los sectores más vulnerables de la población.
