El arzobispo de Miami, Thomas Wenski, advirtió sobre una inminente crisis en hospitales y asilos de Florida ante el fin del Estatus de Protección Temporal que ampara a miles de migrantes que hoy sostienen gran parte del sistema de cuidados en el estado. Según alertó, la expulsión de estos trabajadores podría provocar un colapso en la atención de adultos mayores y pacientes vulnerables.
Wenski, junto a líderes religiosos, empresariales y políticos, presentó una campaña para exigir al Gobierno de Donald Trump que mantenga el TPS, especialmente para más de 350.000 haitianos cuya protección está por expirar. Los organizadores señalaron que Florida, uno de los principales destinos de jubilados, perdería más de 113.000 trabajadores del sector de cuidados, lo que impactaría directamente en hospitales, asilos y casas de retiro.
De acuerdo con los datos expuestos, los migrantes con TPS representan una parte clave del personal de salud y apoyo, aportando además miles de millones de dólares en impuestos estatales. En el caso de los haitianos, una proporción significativa trabaja precisamente en el área de cuidados, desempeñando funciones esenciales que muchos ciudadanos no cubren.
El arzobispo cuestionó la idea de forzar el regreso de estas personas a un país sumido en una grave crisis, advirtiendo que esa decisión no solo agravaría la situación en Haití, sino que también generaría una nueva emergencia dentro de Estados Unidos al sacar de sus empleos a trabajadores que están en el país de forma legal.
Los promotores de la campaña alertaron que la crisis en la atención de adultos mayores se profundizaría, ya que uno de cada cuatro trabajadores del sector en Florida es inmigrante y más del 30 % cumple funciones de apoyo en centros de cuidado. Wenski subrayó que cuando cuidadores experimentados pierden su autorización laboral, los pacientes son los primeros en sufrir las consecuencias.
La Administración Trump ha defendido la eliminación del TPS para los haitianos argumentando cambios en la situación de su país, mientras mantiene restricciones de viaje por la violencia. Ante este escenario, organizaciones empresariales y religiosas insisten en que se extiendan estas protecciones también para otras nacionalidades, advirtiendo que la actual política migratoria está golpeando la economía y poniendo en riesgo la atención de los más vulnerables.
