Costa Rica, tradicionalmente uno de los países más seguros de Latinoamérica, enfrenta una creciente violencia ligada al narcotráfico que ha convertido la inseguridad en la principal preocupación de la población, y ha puesto sobre la mesa la posibilidad de implementar un estado de excepción. Con las elecciones generales a la vuelta de la esquina, los candidatos debaten cómo enfrentar la crisis que ha convertido al país en una ruta clave de tráfico de drogas hacia Europa y Estados Unidos.
El presidente Rodrigo Chaves ha reforzado controles en puertos, operativos policiales y cooperación internacional, pero ha criticado la lentitud del Poder Judicial y las leyes consideradas “suaves” frente al crimen. Laura Fernández, candidata oficialista, respalda el estado de excepción en zonas conflictivas y propone construir una “mega cárcel” para 5.000 internos inspirada en El Salvador. Otros candidatos, entre ellos Claudia Dobles y Álvaro Ramos, rechazan limitar garantías individuales y apuestan por prevención, inversión en educación y recuperación de espacios públicos.
La violencia se ha intensificado: en 2025 Costa Rica registró 873 homicidios, la tercera cifra más alta de su historia, con una tasa de 16,7 por cada 100.000 habitantes, mientras que el 70 % de los crímenes se atribuye a conflictos entre bandas de narcotraficantes. El narcotráfico también ha penetrado sectores económicos locales, invirtiendo en comercios de territorios bajo su control.
En respuesta, la Policía desarticuló el Cartel del Caribe Sur, responsable de enviar toneladas de cocaína a EE.UU. y Europa, y Estados Unidos ha solicitado la extradición de varios de sus líderes, entre ellos Celso Gamboa y Luis Manuel Picado Grijalba, alias Shock. El Congreso costarricense aprobó una reforma para permitir la extradición de nacionales por narcotráfico y terrorismo, en un intento de frenar la expansión del crimen organizado.
