Estados Unidos elevó la presión contra el Gobierno de Nicaragua al exigir la liberación incondicional de todos los presos políticos, calificando a la administración encabezada por Daniel Ortega y Rosario Murillo como un régimen ilegítimo y paranoico, tras la reciente excarcelación de un grupo de disidentes.
La demanda fue tajante: no más detenciones, no más arrestos domiciliarios y ningún tipo de condición para quienes permanecen privados de libertad por razones políticas. Para Washington, la verdadera libertad solo existe si se pone fin al ciclo de represión que, según denuncia, mantiene el poder en Managua.
El reclamo se produce luego de que el Gobierno nicaragüense anunciara la excarcelación de varias personas detenidas por motivos políticos, un gesto que Estados Unidos considera insuficiente mientras decenas continúan encarceladas o desaparecidas. Organismos de derechos humanos señalan que incluso algunos de los liberados no figuran en los listados oficiales y siguen sometidos a restricciones severas.
De acuerdo con estas organizaciones, muchos excarcelados enfrentan una especie de muerte civil, ya que no pueden acceder a empleos, tienen limitada su movilidad y están obligados a presentarse diariamente ante las autoridades, bajo constante vigilancia policial y paraestatal, lo que impide que ejerzan plenamente sus derechos.
La crítica estadounidense también apunta a prácticas que considera extremas, como detenciones por simples interacciones en redes sociales, hechos que reflejarían un clima de persecución y control. En este contexto, decenas de ciudadanos habrían sido arrestados por expresar opiniones o realizar comentarios digitales, profundizando la preocupación internacional.
La tensión se intensifica mientras Washington insiste en que Nicaragua sigue el camino de otros gobiernos aliados, señalados por vulnerar derechos fundamentales, y advierte que la comunidad internacional observa con atención cada movimiento del poder sandinista.
