La Ceiba, Atlántida.- Autoridades locales investigan un caso de abuso infantil en La Ceiba, donde una mujer ha sido señalada por presuntamente torturar y maltratar a un niño de la comunidad Misquita, quien recientemente quedó huérfano. Organismos de derechos humanos han expresado su preocupación por la situación, mientras que las autoridades han iniciado las diligencias correspondientes para esclarecer los hechos y garantizar la protección del menor.
La detención fue ejecutada por la Fiscalía Regional del Litoral Atlántico y la ATIC tras una denuncia presentada por la extinta Dirección de Niñez, Adolescencia y Familia (DINAF). Según el informe, el menor, quien estaba bajo medidas de protección, logró escapar de la vivienda de la acusada tras sufrir reiterados abusos físicos y psicológicos.
Las investigaciones de la ATIC, en su sede regional norte, revelaron que el niño viajó desde La Mosquitia hasta La Ceiba junto a su madre, quien falleció poco tiempo después. Al quedar en situación de orfandad, la sospechosa lo acogió en su vivienda, donde lo obligaba a realizar labores domésticas, como limpieza y lavado de ropa para ella y sus hijos. Además, le prohibió salir de la casa y asistir a la escuela.
Los testimonios recabados señalan que la víctima fue sometida a castigos crueles, incluyendo ser obligado a hincarse sobre rayadores de queso durante varios minutos. En una ocasión, la mujer lo atacó con un cuchillo, causándole una herida en el brazo. Sin acceso a atención médica, el menor se vio obligado a detener la hemorragia con su propia ropa.
Durante la audiencia de declaración de imputado, el juez ordenó la detención preventiva de Vilma Magdalena Julian Jackson, quien fue trasladada al centro penal de El Porvenir, donde permanecerá bajo custodia mientras avanza el proceso judicial en su contra.
La audiencia inicial ha sido programada para el jueves 27 de marzo, fecha en la que la Fiscalía presentará las pruebas recopiladas durante la investigación.
Las autoridades continúan con el seguimiento del caso para garantizar la seguridad y bienestar del menor afectado.
