Washington, EE. UU. – Una jueza federal de Nueva York dejó sin efecto la política implementada por la administración del presidente Donald Trump que suspendía la emisión de visas de inmigrante para ciudadanos de 75 países, medida que había entrado en vigor en enero de 2026.
La decisión fue emitida el viernes 21 de agosto por la jueza federal Jeannette Vargas, quien determinó que la política era contraria a la ley y que el secretario de Estado, Marco Rubio, había excedido la autoridad que le otorga la legislación migratoria estadounidense.
La medida había ordenado suspender la emisión de visas de inmigrante para ciudadanos de países considerados por el Gobierno estadounidense como de alto riesgo de que sus ciudadanos dependieran de beneficios públicos en Estados Unidos.
Países afectados por la suspensión
La lista incluía naciones de América Latina, el Caribe, Asia, África, Medio Oriente y Europa.
En América Latina, figuraban Brasil, Colombia, Cuba, Guatemala, Nicaragua y Uruguay, entre otros países.
En el Caribe, la suspensión alcanzaba a Antigua y Barbuda, Bahamas, Barbados, Belice, Dominica, Granada, Jamaica, San Cristóbal y Nieves, Santa Lucía y San Vicente y las Granadinas.
En Asia y Medio Oriente, la lista incluía países como Afganistán, Armenia, Azerbaiyán, Bangladés, Bután, Birmania, Camboya, Georgia, Irán, Irak, Jordania, Kazajistán, Kuwait, Kirguistán, Laos, Líbano, Mongolia, Nepal, Pakistán, Rusia, Siria, Tailandia, Uzbekistán y Yemen.
En África, estaban incluidos Argelia, Camerún, Cabo Verde, Costa de Marfil, República Democrática del Congo, Egipto, Eritrea, Etiopía, Gambia, Ghana, Guinea, Liberia, Libia, Marruecos, Nigeria, República del Congo, Ruanda, Senegal, Sierra Leona, Somalia, Sudán del Sur, Sudán, Tanzania, Togo, Túnez y Uganda, entre otros. La lista oficial publicada por el Departamento de Estado contempla los 75 países afectados.
Fallo abre nuevamente los procesos migratorios
La jueza Vargas consideró que la política impedía que funcionarios consulares realizaran la evaluación individual que exige la legislación migratoria estadounidense, al establecer una prohibición basada únicamente en la nacionalidad del solicitante.
Con el fallo, la política queda anulada y las solicitudes que fueron rechazadas exclusivamente por esta medida deberán ser reconsideradas conforme a las normas migratorias vigentes y mediante una evaluación individual de cada caso.
La decisión representa un nuevo revés judicial para las políticas migratorias de la administración Trump y permite que miles de solicitantes afectados por la suspensión puedan continuar sus procesos de inmigración hacia Estados Unidos.
Importante: la resolución no significa que todas las personas de esos países recibirán automáticamente una visa. Los solicitantes deberán cumplir con los requisitos establecidos por la legislación migratoria estadounidense y sus casos continuarán sujetos a evaluación consular.
