Una corte federal en California suspendió este jueves la cancelación del Estatus de Protección Temporal (TPS) para los ciudadanos hondureños, medida que había sido anunciada por el Departamento de Seguridad Nacional (DHS) de Estados Unidos el pasado 7 de julio y que habría afectado a más de 55.000 personas que residen y trabajan legalmente en el país desde 1999.
La jueza de la Corte del Distrito Norte de California determinó que el TPS continuará vigente al menos hasta el 18 de noviembre de 2025, fecha en que está programada la audiencia para revisar la legalidad de su cancelación, tras aceptar una demanda presentada por la Alianza Nacional del TPS y organizaciones aliadas.
“Esto no significa que el TPS ha sido renovado, ni mucho menos que está garantizado a futuro”, explicó Luis Chavarría, experto en derecho internacional, “significa que hay una suspensión temporal de su cancelación mientras se analiza si esta medida es legal o no”, dijo el analista
Según el DHS, las condiciones en países como Honduras, Nicaragua y Nepal ya no justifican la existencia del programa.
Sin embargo, los demandantes aseguran que la decisión tiene trasfondo discriminatorio, “están diciendo que esta medida no se basa en datos objetivos, sino en prejuicios raciales por eso han pedido a la corte que bloquee la cancelación”, detalló Chavarría.
El TPS fue otorgado a Honduras en 1999 tras la catástrofe provocada por el huracán Mitch. Desde entonces, ha sido renovado periódicamente bajo diferentes administraciones.
La administración Trump intentó cancelarlo en 2018, pero la medida fue detenida por una orden judicial, “esta es la segunda vez que se intenta eliminar el TPS, en ambas ocasiones, la justicia ha intervenido para revisar si esa decisión es justa”, recordó.
La decisión de la jueza impide al gobierno ejecutar deportaciones o requerir la salida de los beneficiarios mientras el caso sigue activo, “no puede haber deportaciones en este periodo si el gobierno lo hiciera, estaría incurriendo en una irregularidad muy grave”, advirtió Chavarría.
Aunque la suspensión representa un alivio temporal, los expertos piden cautela, “no debemos interpretar esto como una victoria definitiva, es solo tiempo ganado es una oportunidad para organizarnos, para que las personas busquen asesoría legal, y para que evalúen si pueden optar a otro estatus migratorio más estable”, sostuvo el abogado.
Chavarría también subrayó el valor del sistema judicial en la protección de derechos, “el Poder Ejecutivo tomó una decisión, pero eso no significa que sea absoluta. En Estados Unidos, la división de poderes funciona, el Poder Judicial está evaluando si hubo arbitrariedad o discriminación”, afirmó.
Consultado sobre las posibilidades de que el TPS sea renovado permanentemente, Chavarría fue prudente, “no quiero dar falsas esperanzas. Esta jueza es independiente, aunque sí es relevante que el caso se lleve en California, un estado con una fuerte conciencia sobre temas migratorios”, dijo. “es posible que tengamos una resolución favorable, pero por ahora debemos mantenernos informados y preparados”, concluyó el experto.
