Una reforma al artículo 323 del Código Penal busca endurecer las sanciones contra los conductores que manejen bajo los efectos del alcohol o las drogas, incluso cuando no hayan provocado un accidente de tránsito.
La iniciativa surge ante las lamentables pérdidas humanas que año tras año se registran en Honduras, debido a conductores que ponen en peligro sus propias vidas y las de peatones, familias y otros usuarios de las carreteras.
Según explicó el diputado que impulsa la propuesta, la reforma establecería penas de dos a cinco años de prisión para quienes conduzcan vehículos livianos bajo los efectos del alcohol o las drogas, mientras que para quienes manejen vehículos pesados, como rastras y autobuses, las penas serían de cinco a diez años de cárcel.
El parlamentario señaló que la legislación actual presenta dificultades para que el Ministerio Público pueda demostrar el delito de conducción temeraria, por lo que en muchos casos se aplican sanciones administrativas, como multas y decomiso de la licencia de conducir.
Con la reforma, se pretende que un examen de sangre practicado por Medicina Forense sea suficiente como prueba para que un juez pueda aplicar la sanción correspondiente. La propuesta también contempla excepciones para personas que acrediten, mediante documentación médica, que un resultado positivo se debe a medicamentos prescritos.
El diputado aclaró que la medida no dependería de que el conductor haya provocado un accidente, sino del hecho de poner en riesgo la vida de otras personas al manejar bajo los efectos de estas sustancias.
La iniciativa busca reforzar los esfuerzos de la Secretaría de Seguridad y la Dirección Nacional de Vialidad y Transporte para prevenir tragedias en las carreteras hondureñas. Sin embargo, al tratarse de una reforma propuesta, las penas anunciadas dependerán de su aprobación y entrada en vigor.
