En el Bajo Aguán, rifles, palma africana y cocaína se cruzan en un conflicto donde el Estado guarda silencio y la impunidad manda.
200 personas asesinadas o desaparecidas. ¿Quién responde?
Conocé esta historia que Honduras no puede seguir ignorando.
El Bajo Aguán, en el Caribe hondureño, se ha convertido en un epicentro de violencia multifacética, donde confluyen disputas por la tierra, intereses de la industria de la palma africana y el narcotráfico. Una investigación de Redacción Regional, Contra Corriente y Colón Al Día revela una compleja trama de agresión, impunidad y la persistente resistencia de las comunidades campesinas. Desde 2009, aproximadamente 200 defensores de este territorio han sido asesinados o desaparecidos.
La brutalidad de esta realidad se manifestó el 27 de enero de 2025, cuando un grupo de sicarios, armados con rifles AR-15 y AK-47, atacó al amanecer la cooperativa Tranvío. Christian Baire, un campesino, fue herido y torturado por más de una hora, mientras la policía observaba la agresión sin intervenir. Este incidente es una muestra de las «guerras sucias» recurrentes que asolan la región: por la palma africana, la expansión minera y el control de las rutas de cocaína.
La investigación expone una preocupante colusión entre grupos armados y el narcotráfico. Testimonios de narcotraficantes extraditados, cables de Wikileaks y reportes internacionales indican que sicarios del narcotráfico son contratados como escuadrones paramilitares para asesinar campesinos. Agentes de seguridad privada de corporaciones palmeras, como Dinant, han sido señalados como cómplices. Aunque Dinant «rechaza cualquier sugerencia de colusión con actores criminales», grupos criminales como «Los Cachos» son señalados de tener vínculos con su seguridad privada y de amenazar a las cooperativas.
A pesar de la promesa del gobierno de Xiomara Castro en 2022 de establecer una «Comisión Tripartita» para resolver el conflicto, se ha hecho poco para detener la violencia. Por el contrario, funcionarios vinculados a la violencia han ganado poder, como Adán Fúnez, alcalde de Tocoa, señalado por sus vínculos con el narcotráfico y grupos armados. La liberación de Juan Carlos Lizama, presunto líder de «Los Cachos», por una abogada con lazos políticos, y el rearme de la seguridad privada de Dinant en un contexto de estado de emergencia, subrayan una persistente impunidad. Además, una investigación de Contracorriente reveló que el padre de la presidenta fue socio clave de Miguel Facussé, patriarca de Dinant, en múltiples empresas y que esto podría estar inclinando la balanza en favor de la corporación.
La presidenta Castro inauguró una planta de Dinant valorada en 150 millones de dólares en abril, sin mencionar el conflicto ni a las víctimas. Los campesinos de Tranvío y La Chile resisten, pero el miedo es tangible; Roberto Pérez Martínez, presidente de Tranvío, tiene un precio de 100,000 lempiras sobre su cabeza. La violencia en el Aguán, lejos de resolverse, continúa cobrando vidas y dejando un rastro de terror, exigiendo una atención urgente que ha sido largamente eludida.
La violencia ha escalado significativamente. Entre 2013 y 2024, 2,300 personas fueron asesinadas en el Aguán, cifra cercana al total de homicidios del país en 2024. Líderes como Omar Cruz, Juan López y Arnulfo Díaz fueron ejecutados tras denunciar a actores poderosos. La pasividad policial durante los ataques es recurrente. Las comunidades viven bajo constante amenaza, con drones de vigilancia y la criminalización de campesinos. Incluso tras la captura de Lizama en mayo de 2025, la violencia no ha cesado, cobrando vidas como la de Josué Esaú Aguilar Cárcamo el 31 de mayo.
