Ni los barrotes ni una condena fueron suficientes para frenar la influencia de Pedro Armando Aguilar Orellana.
Electo por el partido Alianza Patriótica y actualmente recluido en la cárcel de Támara, el exalcalde de San Marcos, Santa Bárbara, dirigió desde su celda un sofisticado esquema de corrupción que drenó millones de lempiras del presupuesto municipal mediante llamadas telefónicas.
Las investigaciones realizadas por la Fiscalía Especial para la Transparencia y Combate a la Corrupción Pública (FETCCOP), con el respaldo de la Agencia Técnica de Investigación Criminal (ATIC) y la Policía Militar del Orden Público, revelan que Aguilar jamás perdió el control. Sus órdenes, transmitidas desde prisión, se ejecutaron puntualmente dentro de la municipalidad.
Un engranaje delictivo con mando a distancia
Este entramado contó con un equipo leal que garantizó la continuidad del flujo de dinero ilícito. La red incluía a altos funcionarios municipales, entre ellos la tesorera, auditora, contadora y jefa de personal, además de figuras políticas aún activas.
Destacan personajes como Jesús Alberto Hernández Soliz, jefe de Desarrollo Municipal y candidato a alcalde por el Partido Liberal, y Sandra Perdomo Castillo, regidora y pareja sentimental de Aguilar. El mecanismo era tan calculado como descarado: manipulación documental, pagos irregulares, contratos inflados y sobornos a cambio de adjudicaciones de obras sobrevaloradas.
Con los fondos malversados, según el Ministerio Público, se adquirieron dos vehículos de lujo, una vivienda, armas de fuego y mochilas para supuestos proyectos sociales que nunca llegaron a la población.
Corrupción que desafía la prisión
A pesar de estar encarcelado y sin facultades legales, Aguilar mantuvo el control político y administrativo de la comuna, operando como si aún ejerciera el cargo.
Los delitos que se le imputan incluyen usurpación de funciones, asociación ilícita, lavado de activos y malversación de fondos públicos.
Estos hechos evidencian la magnitud del entramado y la capacidad de la corrupción para adaptarse y sortear las barreras judiciales y administrativas. Cada movimiento financiero contaba con la aprobación directa del exalcalde, configurando un poder paralelo que burló la justicia.
Un daño que trasciende
Para San Marcos, la captura de los implicados representa un paso vital hacia la rendición de cuentas, pero el daño causado no se remedia fácilmente.
Los millones desviados por Pedro Aguilar significan escuelas sin construir, calles sin pavimentar y programas sociales que nunca se materializaron.
Este caso se suma a la lista de escándalos que demuestran que, en Honduras, la prisión no siempre logra cortar los tentáculos de la corrupción; a veces solo cambia el lugar desde donde se ejerce el poder.
