Un nuevo recurso de inconstitucionalidad ha sido presentado contra la vigencia del estado de excepción en Honduras, cuya extensión hasta finales de diciembre ha encendido las alarmas en un país que se prepara para elecciones generales bajo un clima de tensión. La medida, que restringe derechos fundamentales como la libre circulación, el derecho de reunión y la participación política, ha sido cuestionada por expertos y políticos como un golpe a la transparencia y a la participación ciudadana.
El decreto, vigente desde hace pocos días y que amplía un régimen de excepción que ya se mantiene por casi tres años, fue justificado por el gobierno como una necesidad para combatir la violencia del crimen organizado y garantizar la seguridad pública. Sin embargo, críticos advierten que la extensión de estas medidas justo antes de los comicios podría influir en la movilidad de los votantes y generar un clima de miedo que empañe la jornada electoral.
Diputados y organizaciones de derechos humanos señalan que prolongar la suspensión de garantías en un momento tan sensible constituye un precedente peligroso que debilita la separación de poderes y altera el equilibrio entre seguridad y libertades individuales. Actualmente, el estado de excepción se aplica en 226 de los 298 municipios, afectando a más del 90 por ciento de la población.
La Asociación para una Sociedad más Justa y otros colectivos han alertado que la medida podría provocar cuestionamientos internacionales sobre la legitimidad de los resultados. Mientras tanto, la Corte Suprema de Justicia deberá evaluar el recurso y decidir si el decreto se ajusta a la Constitución, en medio de la preparación para unas elecciones históricas bajo un estado de excepción.
