Tegucigalpa – El escándalo conocido como Pandora 2.0 se ha convertido en una maraña sin fin que sigue dejando al descubierto los tentáculos de corrupción que alcanzan las filas del partido Libertad y Refundación (Libre) y el gobierno que encabeza Xiomara Castro.
Mientras las organizaciones de la sociedad civil exigen que las autoridades profundicen las investigaciones en todas las dependencias implicadas, las contradicciones entre los actores políticos salpican a más de uno y reflejan el nerviosismo de quienes intentan deslindarse de cualquier responsabilidad.
Un claro ejemplo ocurrió esta semana con las declaraciones del diputado Luis Redondo, quien intentó desviar la atención hacia la oposición, evadiendo su aparente rol en la trama. Sin embargo, varios de los aludidos lo confrontaron públicamente, lo desmintieron y lo dejaron en evidencia.
Algo similar ocurrió con Rixi Moncada, candidata presidencial oficialista, quien arremetió contra la diputada Isis Cuéllar, hasta hace poco una de las figuras más influyentes en el occidente del país, presidenta de comisiones legislativas clave y subjefa de la bancada de Libre.
Sin embargo, no pasó mucho tiempo para que las mismas voces dentro y fuera del partido recordaran que Moncada, en su rol como exministra de Finanzas, tuvo un papel fundamental en la aprobación y gestión de los millonarios fondos sociales, origen del nuevo caso de corrupción que ya muchos comparan con el escándalo Pandora original.
Siete instituciones bajo la lupa
Según el representante de Democracia y Transparencia de la ASJ, Juan Carlos Aguilar, el caso no se limita a la Secretaría de Desarrollo Social (Sedesol), pues existen al menos otras seis instituciones a través de las cuales se canalizan estos fondos públicos.
Entre ellas se encuentran el Fondo Hondureño de Inversión Social (FHIS), la Secretaría de Infraestructura y Transporte (SIT), Educrédito, el Fondo Social de Desarrollo (FOSODE) mediante la ENEE, la Secretaría de Gobernación y Condepor, esta última dirigida nada más y nada menos que por Mario Moncada, hermano de la candidata oficialista.
De acuerdo con Aguilar, solo Sedesol ha ejecutado alrededor de 786 millones de lempiras, de los 3 mil millones aprobados para estos fondos por el Congreso Nacional en un periodo de tres años. «Si sumamos las otras instituciones, la cifra y los posibles actos de corrupción podrían ser mucho mayores», advirtió.
La ASJ ha insistido en que el Ministerio Público debe abrir líneas de investigación en todas las entidades mencionadas y no limitarse al caso Sedesol, cuyas irregularidades ya son de conocimiento público.
Obras fantasmas y beneficiarios ficticios
En paralelo, medios de comunicación y organismos de control social han detectado la existencia de obras inexistentes y beneficiarios de ayudas económicas que no cumplen con los requisitos o que, incluso, desconocían haber sido inscritos en los listados gubernamentales.
Uno de los casos más notorios apunta a supuestos beneficiarios de Sedesol, quienes recibieron cheques por considerables sumas sin necesitarlo o, peor aún, sin siquiera haber solicitado ningún tipo de asistencia.
Desde el oficialismo aseguran que no tolerarán prácticas corruptas dentro del partido, aunque los hechos y el silencio de algunos de sus protagonistas dicen lo contrario.
El “cheque video” y el silencio de Isis Cuéllar
A casi dos semanas del escándalo conocido como el “cheque video”, en el que se evidenciaron irregularidades en la entrega de ayudas sociales, la diputada Isis Cuéllar permanece en total hermetismo. Aunque se rumora que visitó el Congreso recientemente, no hay confirmación oficial.
Las denuncias señalan que allegados y familiares de Cuéllar también se habrían beneficiado de los fondos, profundizando la crisis interna en las filas de Libre.
A 10 meses del “narco video”
Cabe recordar que este 3 de julio se cumplieron diez meses desde que salió a la luz el infame narco video, donde se vio al cuñado de la presidenta, Carlos Zelaya, pactando con jefes del narcotráfico el financiamiento de la primera campaña de Libre en 2013, con al menos 650 mil dólares que serían distribuidos en Colón, Olancho y Santa Bárbara, y otra parte destinada a Manuel Zelaya Rosales.
Aunque Carlos Zelaya renunció formalmente a su curul en el Congreso Nacional y a la coordinación del movimiento M28, su poder dentro del partido sigue siendo evidente, aseguran fuentes políticas. Incluso, tras su dimisión, su sobrina, Hortencia “La Pichu” Zelaya, asumió su lugar, pero muchos coinciden en que Carlón, como se le conoce, sigue moviendo los hilos desde las sombras.
El Fiscal General, Johel Zelaya, calificó el narco video como un asunto político y sostuvo que es prácticamente imposible deducir responsabilidades por un hecho ocurrido hace 12 años. Sin embargo, se sabe que Carlos Zelaya continúa recibiendo salario del Congreso, sin que su caso haya sido tratado en el tribunal de honor del partido oficialista.
Conclusión: corrupción que no cesa
Pandora 2.0, el cheque video y el narco video son solo piezas de un mismo rompecabezas: una estructura de poder impregnada por el clientelismo, el abuso de los recursos públicos y la protección a los suyos. Mientras el gobierno de Libre promete transparencia, la realidad revela un panorama turbio en el que los escándalos, lejos de disminuir, parecen multiplicarse día tras día.
