El diputado del Congreso Nacional por el partido Libertad y Refundación (Libre), Oved López, afirmó este miércoles que el proyecto de Ley de Justicia Tributaria es un «capítulo cerrado» en la actual legislatura, debido a la falta de consensos políticos y al estancamiento en el Congreso Nacional.
En declaraciones señaló que «es sumamente difícil aprobar leyes de gran envergadura e importancia, como la Ley de Justicia Tributaria», y atribuyó la paralización legislativa a la falta de acuerdos con diputados de oposición, quienes, según él, han politizado el tema debido a la cercanía de las elecciones generales.
«Considero que este capítulo ya está cerrado. Es una desgracia para el pueblo hondureño, porque por primera vez se presentó una ley tributaria que no afectaba a las mayorías, sino que eliminaba algunas exoneraciones que no han beneficiado al país», manifestó López.
Agregó que corresponderá al próximo Congreso Nacional asumir la responsabilidad de retomar el proyecto de ley tributaria, buscando que todos los sectores contribuyan equitativamente al pago de impuestos.
El legislador oficialista señaló que en Honduras existen grupos económicos que evaden el pago de impuestos, aunque reconoció que también hay empresarios responsables que cumplen con sus obligaciones fiscales.
¿Qué obstaculizó la aprobación de la Ley de Justicia Tributaria?
El diputado explicó que la falta de mayoría simple por parte del oficialismo en el Congreso Nacional ha sido uno de los principales impedimentos para aprobar leyes clave.
El partido Libre cuenta con 50 de los 128 diputados que integran el Congreso Nacional de Honduras, por lo que no posee los votos necesarios para aprobar leyes que requieren mayoría simple (65 votos) o mayoría calificada (85 votos), según corresponda.
«Nosotros quedaríamos en deuda con esta ley y con otras en las que no obtuvimos consensos, más cuando se acercan las elecciones generales», afirmó.
López lamentó que la oposición haya anticipado que no respaldará proyectos de alto impacto, lo cual ha contribuido al actual estado de parálisis legislativa. No obstante, hizo un llamado al retorno de las sesiones.
«Pese a la falta de acuerdos, debemos retornar al Congreso porque la población pide ese retorno. Esperamos que el próximo miércoles logremos acuerdos mínimos y aprobar leyes», concluyó.
Congreso aprobará ampliación del período legislativo
El vicepresidente del Congreso Nacional, Hugo Noé Pino, anunció que ya se encuentra listo un proyecto de decreto para extender el período de sesiones legislativas, desde el 1 de noviembre de 2025 hasta el 20 de enero de 2026.
Esta prórroga permitiría aprobar, entre otros asuntos, el presupuesto destinado a la Unidad de Política Limpia y al Tribunal de Justicia Electoral, instituciones que han solicitado fondos urgentes ante la proximidad de las elecciones generales programadas para el próximo 30 de noviembre.
Oposición a la Ley de Justicia Tributaria
Desde el sector privado hondureño se ha manifestado una fuerte crítica hacia la Ley de Justicia Tributaria, uno de los proyectos emblemáticos del gobierno de Xiomara Castro, argumentando que podría poner en riesgo la estabilidad económica del país.
Por su parte, el gobierno sostiene que la Ley de Justicia Tributaria busca eliminar privilegios fiscales injustificados, reducir la evasión y elusión fiscal, y garantizar una recaudación más justa, con un enfoque en la transparencia y el fortalecimiento de servicios públicos esenciales como salud, educación e infraestructura.
Sin embargo, Santiago Herrera, gerente de política económica del Consejo Hondureño de la Empresa Privada (Cohep), señaló recientemente que muchas de las exoneraciones mencionadas por el gobierno no benefician a grandes empresas, sino que están principalmente dirigidas a productos de la canasta básica, ONG, misiones internacionales y otros actores no empresariales.
El 56% de esas exoneraciones corresponde a productos de la canasta básica”, afirmó Herrera.
El ejecutivo del Cohep reconoció que existen casos de abusos en el sistema actual, pero cuestionó que la propuesta oficial no garantice una depuración efectiva.
En su opinión, más que una nueva ley, lo que se requiere es voluntad política para aplicar las herramientas legales existentes y corregir las distorsiones sin poner en riesgo la actividad productiva.
