Tegucigalpa._ La Policía informó que por el asesinato de Villeda, libraron orden de captura contra un abogado identificado como Rolando Josué Sánchez Salinas y otro policía, ambos prófugos.
Con la implicación del togado en el crimen del comerciante, quedó al descubierto una red de crimen organizado supuestamente estructurada por jueces, fiscales y policías que ofrecian bienes asegurados e incautados en poder de la Oficina Administradora de Bienes Incautados (OABI).
Según lo indicado, el abogado Sánchez, con información detallada que supuestamente le daban fiscales y jueces en cuanto a los bienes asegurados y que iban a incautar, se contactaba con los investigados o sus familiares haciéndose pasar como asesor de la OABI y de la Fiscalía; les ofrecía que les iba a recuperar sus inmuebles y a cambio les cobraba millonarias cantidades de dinero.
La Policía maneja la hipótesis de que esas circunstancias son las que se dieron en el crimen del comerciante Franklin Villeda Caballero, que viajó desde Tocoa, Colón, hacia San Pedro Sula, para hacer la transacción de unos bienes.
Al parecer, hubo un desacuerdo entre Villeda Caballero y el abogado Sánchez, porque supuestamente el comerciante se sintió estafado ya que le había pagado al profesional del derecho, una millonaria cantidad de dinero por la compra de unas propiedades bajo la custodia de la OABI.
El ahora occiso, tras reunirse con el Abogado Sánchez en un hotel de San Pedro Sula, fue privado de su vida y su cuerpo trasladado a Pimienta, donde lo incineraron.
COMO DIGNATARIO
Las indagaciones de la Policía establecen que Sánchez Salinas citaba a su clientes a hoteles de lujo en Tegucigalpa y San Pedro Sula, en donde se reunía con ellos en la “suite” presidencial y andaba con escoltas policiales, lo que daba la impresión ante los clientes, de que estaban tratando con un representante de la OABI y la Fiscalía.
Se dijo que cuando el abogado Sánchez estaba negociando con los clientes, incluso se ponía en contacto vía teléfono con fiscales y jueces y en altavoz y les decía: “Aquí estoy ya con los señores, ¿qué me ofrecen para ellos?”
Y los interlocutores le daban los detalles, como el número de expediente, la matrícula de los bienes que iban a asegurar y lo que podían hacer para evitar los aseguramientos.
Con eso les demostraba que él les tenía la solución para que no les aseguraran o incautaran los inmuebles porque él conocía al fiscal y al juez que llevaba el expediente, y Sánchez les asignaba profesionales del derecho para que les llevara el caso.
A cambio les cobraba millonarias cantidades, que iban con relación al valor y la cantidad de los bienes que iban a asegurar o incautar a través de la extinción de dominio. Sánchez también ofrecía conseguir propiedades que tiene a la venta o que las da en arrendamiento la Oabi y llevaba a los clientes a las residencias, las abría y se las mostraba, y siempre andaba custodiado por policías. Incluso el abogado Sánchez portaba copias de los expedientes, pese a que solo pueden ver las partes procesales en los juzgados competentes.
