La Asamblea Nacional de Nicaragua aprobó una reforma constitucional que establece que los nicaragüenses perderán su nacionalidad al adquirir otra, medida impulsada por los esposos y copresidentes Daniel Ortega y Rosario Murillo. Según la reforma, la nacionalidad nicaragüense se pierde automáticamente al asumir otra, mientras que los extranjeros que deseen naturalizarse deberán renunciar a su nacionalidad original.
Ortega y Murillo justificaron la medida argumentando que la nacionalidad implica un pacto de lealtad exclusivo con la patria y que no puede coexistir con otra fidelidad. Sin embargo, grupos opositores en el exilio han condenado la reforma, calificándola como un paso más en la escalada autoritaria del régimen, que ha despojado a ciudadanos de su nacionalidad y ha limitado el ingreso al país a quienes poseen otra nacionalidad.
Organismos internacionales han advertido que Nicaragua ha eliminado garantías básicas de derechos humanos mediante reformas legales y constitucionales, concentrando poder en Ortega y Murillo y debilitando el balance de poderes. La modificación forma parte de un proceso más amplio que, desde 2025, transformó profundamente la Constitución y consolidó el control del Ejecutivo sobre el Estado.
