Tegucigalpa-El Ministerio Público, mediante la Fiscalía Especial para la Protección de Periodistas y Defensores de Derechos Humanos, presentó un requerimiento fiscal contra Roosevelt Hernández, exsecretario de Defensa y exjefe del Estado Mayor Conjunto de las Fuerzas Armadas, en condición de retiro.
La investigación se deriva de presuntos ataques a la libertad de prensa, relacionados con publicaciones difundidas entre 2025 y 2026 en un medio digital institucional castrense, señaladas por periodistas y el Colegio de Periodistas de Honduras (CPH) como una posible campaña de desacreditación.
De acuerdo con el MP, el expediente incluye denuncias formales, diligencias prejudiciales, un peritaje especializado sobre material audiovisual y digital, así como la recolección de testimonios.
La Fiscalía Especial para la Protección de Periodistas y Defensores de Derechos Humanos del Ministerio Público presentó este miércoles un requerimiento fiscal en contra de Roosevelt Hernández, exsecretario de Defensa y exjefe del Estado Mayor Conjunto de las Fuerzas Armadas de Honduras en condición de retiro.
La acción judicial deriva de una investigación formal articulada tras denuncias por presuntas vulneraciones a la libertad de prensa.
Investigación por publicaciones en medios institucionales
El caso se fundamenta en un expediente que analiza una serie de publicaciones difundidas entre los años 2025 y 2026 a través de un medio digital institucional de carácter castrense.
Dichos contenidos fueron señalados oportunamente por periodistas y por el Colegio de Periodistas de Honduras (CPH) como una presunta campaña sistemática de desacreditación en contra del gremio periodístico.
El sustento del requerimiento fiscal contempla un conjunto de diligencias prejudiciales, denuncias formales y la recolección de testimonios.
Asimismo, la fiscalía incorporó un peritaje especializado sobre el material audiovisual y digital que circuló en las plataformas institucionales durante el periodo investigado.
Garantía constitucional y rendición de cuentas
Desde el Ministerio Público se enfatizó que el ejercicio periodístico y la libertad de expresión constituyen derechos garantizados por la Constitución de la República y por los tratados internacionales suscritos por el Estado de Honduras.
En ese sentido, las autoridades remarcaron que la tutela de estas garantías exige la activación de procesos judiciales concretos cuando se reportan eventuales abusos de poder.
La representación fiscal subrayó además que la función pública no otorga inmunidad ni exime a ningún funcionario o exoficial de rendir cuentas ante los tribunales cuando se investigan posibles transgresiones a los derechos fundamentales.
Las autoridades indicaron que continuarán informando sobre los avances del proceso penal a medida que lo permita la reserva legal que ampara el expediente.
