José Padilla no imaginó que menos de 24 horas después de ser deportado de Estados Unidos, el país donde vivió por más de dos décadas, su vida volvería a quebrarse, esta vez, literalmente.
Hoy, postrado en un sofá que hace de cama en una modesta vivienda de Tegucigalpa, el hombre de 38 años mira al techo que no logró reparar. Fue precisamente trabajando en un techo, buscando ganarse la vida tras su deportación, cuando sufrió una caída que le fracturó la columna vertebral. Desde entonces, depende completamente del cuidado de su familia adoptiva.
“Ni en la cárcel sentí tanto dolor como ahora”, murmura, con voz entrecortada.
Hace apenas tres meses, agentes del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) lo arrestaron en su lugar de trabajo en Dallas, Texas. Fue esposado frente a sus compañeros sin aviso previo ni tiempo para despedirse. Pasó tres meses detenido antes de ser deportado, como parte de las redadas intensificadas bajo la administración Trump.
“Dejé a mi esposa y a mi hija de 15 años. No me dejaron ni llamarlas”, relata, mientras se limpia una lágrima con esfuerzo. Padilla, quien fue criado en la colonia El Hogar de Tegucigalpa, emigró siendo un niño de 11 años, cruzando la frontera con un primo. Pasó su juventud entre trabajos mal pagados y discriminación, hasta que logró establecerse como obrero de construcción y montar su propia empresa de limpieza y mantenimiento.
“Pensé que ya había hecho mi vida, que allá era mi hogar”, confiesa.
Pero el sueño americano terminó abruptamente. En Honduras, el país que dejó siendo un niño, se reencontró con la pobreza, el desempleo y una discapacidad que podría ser permanente si no logra acceder a una cirugía que le permitiría volver a caminar.
Según los médicos, la operación cuesta alrededor de 600 mil lempiras, una cifra inalcanzable para alguien que regresó sin ahorros, sin trabajo y sin una red de apoyo. “No quiero limosna, solo una oportunidad para caminar, para trabajar, para vivir con dignidad”, suplica.
José recuerda también su paso por México, donde fue secuestrado por mafias del crimen organizado que lo obligaron a servir como “mula” para cruzar droga hacia Estados Unidos. Asegura que escapó tras meses de abuso y amenazas.
“Después de 20 años de trabajar y aportar a ese país, me botaron como a un perro. Eso no es justo”, dice con la voz quebrada. Gastó todos sus ahorros en abogados para pelear su caso migratorio, pero fue en vano.
Cuando aterrizó en el aeropuerto Ramón Villeda Morales, el viernes antepasado, no recibió los mil dólares de ayuda que el gobierno hondureño había prometido a los deportados. “Solo me dieron un pasaje a la capital, un plato de comida y unas palmaditas en la espalda”, afirma.
Asegura que no tiene cédula de identidad, no conoce el sistema de salud local y se siente completamente ajeno al país que lo vio nacer. Su acento, una mezcla entre español e inglés fluido, delata sus más de 20 años en Estados Unidos.
“Yo aquí soy nuevo. No sé nada. Tenía pensado tramitar mi identidad esta semana”, comenta.
José pidió que cualquier persona o institución interesada en ayudarlo se comunique al número (504) 3256-2336.
