TEGUCIGALPA, HONDURAS.— Más de 10 familias del sector 8 de la colonia Villa Nueva, en el sector oriental de la capital, abandonaron sus viviendas en las últimas horas luego de denunciar amenazas de estructuras criminales que, según los afectados, pretendían obligarlos a desalojar sus propiedades.
El desplazamiento se produjo en medio de un ambiente de temor y tensión. Mujeres, niños y adultos mayores fueron vistos saliendo de la zona mientras trasladaban colchones, electrodomésticos, ropa y otros bienes en vehículos particulares y camiones contratados de emergencia.
De acuerdo con testimonios de vecinos, quienes solicitaron mantener su identidad bajo reserva por razones de seguridad, hombres armados habrían irrumpido en el sector para intimidar a los residentes y exigirles que abandonaran sus viviendas.
Los denunciantes también aseguran que varias personas fueron retenidas y amarradas dentro de algunas casas como parte de las acciones de intimidación, situación que habría incrementado el temor entre las familias residentes del sector.
Uno de los afectados relató que la principal preocupación de las familias es proteger la vida de sus hijos y seres queridos, aun cuando ello implique abandonar las viviendas y los bienes que han construido durante años.
“Nos tenemos que ir por la seguridad de nuestros hijos. Dejamos todo porque la vida vale más que una casa”, manifestó uno de los pobladores, quien pidió no ser identificado.
Ante las denuncias y el llamado de auxilio de los residentes, elementos de la Policía Nacional y de la Policía Militar del Orden Público (PMOP) se desplazaron hasta el sector para brindar seguridad y resguardar a las familias que permanecían en la zona mientras culminaban el traslado de sus pertenencias.
El caso vuelve a poner sobre la mesa la problemática del desplazamiento forzado interno provocado por la violencia y el control territorial de estructuras criminales en diferentes sectores urbanos de Honduras.
Los residentes solicitan una presencia permanente de las fuerzas de seguridad y acciones que permitan recuperar el control de la zona, al tiempo que piden garantías para quienes se han visto obligados a abandonar sus hogares por temor a convertirse en víctimas de hechos violentos.
Las autoridades deberán determinar la veracidad de las denuncias, identificar a los responsables y establecer las medidas de protección necesarias para las familias afectadas.
