El magistrado de la Sala de lo Penal de la Corte Suprema de Justicia, Mario Díaz, solicitó con carácter de urgencia al Poder Ejecutivo la transferencia de más de 1,500 millones de lempiras, fondos que permitirían retomar proyectos pendientes y fortalecer la operatividad de los juzgados penales a nivel nacional.
Díaz explicó que esta deuda se arrastra desde finales de 2023 y se prolongó durante 2024 y 2025, afectando directamente la ejecución de proyectos fundamentales del Poder Judicial. “Son más de 1,000 millones de lempiras los que se adeudan, una cifra considerable que impide el desarrollo normal de nuestras labores”, indicó.
El magistrado señaló que la falta de recursos ha limitado la realización de nombramientos clave para dinamizar la atención en los juzgados penales, así como la operatividad de diversas plazas judiciales. Además, destacó que la deuda afecta proyectos estratégicos destinados a mejorar el acceso a la justicia y reducir la mora judicial.
Díaz recordó que, según la normativa vigente, al Poder Judicial le corresponde una asignación presupuestaria equivalente al 3% del presupuesto general del Estado, aunque históricamente se ha recibido menos. “La deuda tiene que honrarse; son compromisos estatales que deben cumplirse”, subrayó.
El magistrado manifestó su expectativa de que el gobierno saliente realice la transferencia antes del 27 de enero, fecha del cambio de administración. No obstante, advirtió que, de no concretarse, la nueva gestión deberá asumir esta responsabilidad de manera inmediata.
Finalmente, Díaz indicó que el Poder Judicial ha cubierto algunos compromisos con fondos propios, pero insistió en que se requiere una amortización significativa de la deuda para enfrentar los desafíos de 2026 y garantizar la operatividad de los juzgados penales en todo el país.
