El Servicio de Inmigración y Control de Aduanas de Estados Unidos se ha convertido en una de las herramientas más contundentes del presidente Donald Trump en su ofensiva contra la inmigración irregular. Esta agencia federal es la encargada de identificar, detener y deportar a migrantes sin estatus legal, además de investigar delitos como la trata de personas y el contrabando transnacional.
Creado en 2003 tras los atentados del 11 de septiembre, el ICE nació de la fusión de antiguas agencias migratorias y aduaneras bajo la Ley de Seguridad Nacional. Sin embargo, su papel ha cambiado de forma radical con el regreso de Trump a la Casa Blanca para un segundo mandato.
En este nuevo periodo, el ICE ha experimentado un crecimiento sin precedentes: su presupuesto anual se ha triplicado, pasando de unos 8.000 millones de dólares a cerca de 30.000 millones, lo que ha permitido duplicar su plantilla hasta superar los 22.000 empleados distribuidos en unas 400 oficinas dentro y fuera del país.
Con más agentes, más recursos y mayores facultades, la agencia se ha convertido en el eje de la política de deportaciones masivas impulsada por Trump. Las redadas se han intensificado, especialmente en las llamadas ciudades santuario, y organizaciones defensoras de derechos humanos denuncian un aumento de abusos, discriminación y detenciones sin control judicial. Para sus críticos, el ICE simboliza hoy el rostro más duro de la política migratoria estadounidense.
