Durante el año 2025, las autoridades hondureñas extraditaron a nueve ciudadanos hacia Estados Unidos, todos requeridos por la justicia de ese país por delitos vinculados al narcotráfico, en un contexto marcado por la incertidumbre política en torno al tratado de extradición bilateral.
El primer hondureño entregado a las autoridades estadounidenses fue Abner Estrada, extraditado el 23 de enero, señalado por su presunta participación en el tráfico de drogas sintéticas. El más reciente fue Yeferson Vallecillo Cámbar, quien deberá enfrentar cargos en cortes federales norteamericanas.
En la lista de extraditados también figuran José Rafael Sosa Méndez, René Javier Santos Alfaro, Olvin Javier Velásquez Maldonado, Francis Omar Herrera Arita, Erick Yohan López Miralda, Teodoro Rodas Dubón y Elvis Adiel Trujillo Guerra, todos vinculados a estructuras de narcotráfico, según fuentes judiciales.
De acuerdo con información oficial, al menos seis hondureños más permanecen a la espera de ser extraditados, mientras otros continúan bajo detención preventiva, pendientes de que un juez determine si procede o no su entrega a Estados Unidos.
El proceso de extradición estuvo rodeado de polémica luego de que el gobierno de la presidenta Xiomara Castro anunciara la cancelación del tratado con Estados Unidos, decisión que posteriormente fue revertida y extendida hasta el 27 de enero de 2026.
La medida inicial se produjo tras la divulgación de un video que vinculaba a Carlos Zelaya, cuñado de la mandataria y entonces secretario del Congreso Nacional, con presuntas negociaciones con estructuras criminales para financiar la campaña del Partido Libre en 2013. El escándalo provocó la renuncia de Zelaya a su cargo y su retiro de la actividad política. Asimismo, su hijo, José Manuel Zelaya, renunció como ministro de Defensa en medio de la presión pública.
El tratado de extradición se mantendrá vigente hasta el día de la toma de posesión del presidente electo, Nasry Asfura, prevista para el próximo 27 de enero.
La extradición de hondureños fue habilitada en 2012 mediante una reforma constitucional al artículo 102, permitiendo la entrega de nacionales por delitos de narcotráfico, lavado de activos y terrorismo a países con los que Honduras mantiene acuerdos vigentes.
Desde el próximo gobierno, la designada presidencial María Antonieta Mejía aseguró que la ratificación del tratado será una de las primeras decisiones del Partido Nacional al asumir el poder.
En cifras acumuladas, Honduras registra un total de 66 extradiciones desde la implementación del mecanismo: 64 con destino a Estados Unidos y dos hacia Costa Rica. En 2024 se registraron 17 extradiciones, en 2023 fueron seis, mientras que en 2022 se alcanzó el punto más alto con 34 hondureños enviados a tribunales estadounidenses.
