El Ministerio Público, a través de la Fiscalía Especial de Protección al Consumidor y Adulto Mayor (FEP-CAM) y la Agencia Técnica de Investigación Criminal (ATIC), ejecutó este jueves una inspección en las instalaciones del Centro Médico Centroamericano Sociedad de Responsabilidad Limitada, que operaba comercialmente bajo el nombre de «Nueva Med».
La intervención se realizó como parte de una investigación originada por múltiples denuncias ciudadanas relacionadas con un presunto esquema de engaño que habría afectado la salud y la economía de varias personas.
De acuerdo con las investigaciones, el establecimiento contactaba telefónicamente a ciudadanos seleccionados al azar para ofrecerles consultas o evaluaciones biomédicas aparentemente gratuitas. Sin embargo, una vez que los pacientes acudían al lugar, presuntamente eran sometidos a un escaneo mediante un dispositivo que, según el Ministerio Público, no contaba con certificación técnico-médica ni respaldo científico.
Las autoridades sostienen que el aparato generaba supuestos diagnósticos sobre enfermedades o padecimientos de gravedad. Posteriormente, los pacientes, bajo un estado de temor o preocupación, habrían sido presionados para pagar más de 5,000 lempiras por el supuesto dictamen y contratar tratamientos de elevado costo.
La investigación también señala que los pagos eran exigidos mediante tarjetas de crédito y que los contratos incluían una cláusula penal que establecía un cobro equivalente al 30 % del valor total del tratamiento en caso de que el cliente intentara cancelar el acuerdo.
Operaba sin permisos, según autoridades
Durante las diligencias, las autoridades determinaron presuntamente que «Nueva Med» no contaba con los permisos de operación requeridos por la Secretaría de Salud (SESAL), la Agencia de Regulación Sanitaria (ARSA) y la Alcaldía Municipal del Distrito Central (AMDC).
Inspectores de estas instituciones participaron en el operativo para documentar las irregularidades, levantar las respectivas actas de infracción y aplicar las sanciones administrativas que correspondan.
Asimismo, los fiscales solicitaron a los empleados que realizaban labores relacionadas con atención clínica que presentaran sus acreditaciones profesionales y títulos universitarios, como parte de las investigaciones.
El Ministerio Público hizo un llamado a las personas que aseguran haber sido afectadas para que presenten sus denuncias ante las oficinas fiscales y aporten documentación como contratos, recibos de pago y supuestos diagnósticos, elementos que podrían contribuir al esclarecimiento de los hechos y al proceso judicial correspondiente.
Las autoridades continúan con las investigaciones para determinar las responsabilidades penales y administrativas que pudieran derivarse de este caso.
