Las rutas de transporte público tipo “rapiditos” que cubren los sectores de Nueva Capital y La Ulloa, en Tegucigalpa, suspendieron sus operaciones ante los nuevos cobros de extorsión exigidos por estructuras criminales que operan en la zona.
La paralización de las unidades ha dejado a miles de usuarios sin servicio, afectando significativamente la movilidad en la capital. Los transportistas denunciaron que las exigencias económicas de los extorsionadores han aumentado, generando temor entre los conductores y propietarios, además de poner en riesgo la sostenibilidad del servicio.
Representantes del rubro hicieron un llamado urgente al Gobierno para que se implementen medidas efectivas de protección y se refuercen los operativos de seguridad. Asimismo, solicitaron que el delito de extorsión sea reclasificado de “delito privado” a “delito público”, con el fin de facilitar su persecución penal.
Agentes de la Dirección Policial Anti Maras y Pandillas Contra el Crimen Organizado (DIPAMPCO) se desplazaron hasta las zonas afectadas para realizar las diligencias correspondientes y brindar acompañamiento a los transportistas.
