Tegucigalpa, Honduras – A finales de mayo, las Fuerzas Armadas de Honduras (FF. AA.) organizaron un evento de confraternidad para más de veinte periodistas en conmemoración del Día del Periodista Hondureño. Durante la celebración, se otorgaron reconocimientos a comunicadores sociales, incluso mediante la creación del galardón “Francisco Morazán”. El acto fue presidido por el general Roosevelt Hernández, jefe del Estado Mayor Conjunto, quien elogió la labor periodística y promovió un discurso de armonía institucional.
No obstante, dicha retórica conciliadora contrastó drásticamente con las declaraciones posteriores del propio general Hernández. Apenas días después, el 6 de junio, el alto mando castrense denunció públicamente una supuesta “guerra mediática” contra la institución y reveló que estaban perfilando la vida personal de periodistas críticos a la gestión militar. Según sus propias palabras, se ha comenzado a “escudriñar” a aquellos que no se alinean con lo que considera un “rebaño” bajo su tutela institucional.
Ventajas (Potenciales)
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Diálogo institucional inicial: El acercamiento con sectores de la prensa pudo haber sido una oportunidad para construir puentes de comunicación.
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Relevancia del rol militar: Las FF. AA. reiteraron su implicación en la lucha contra el crimen organizado y el narcotráfico, temas de seguridad nacional sensibles para la ciudadanía.
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Reconocimiento simbólico: La entrega de premios representa una forma de valorar el papel de la prensa aliada, aunque cuestionada por su selectividad.
Desventajas
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Estigmatización del periodismo crítico: Las declaraciones del general Hernández sobre “calumniadores” y “sicarios de la verdad” atentan directamente contra la libertad de expresión y el periodismo independiente.
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Vulneración de derechos fundamentales: El monitoreo informal o “perfilamiento” de periodistas viola principios establecidos en la Constitución, en la Declaración Universal de Derechos Humanos y en tratados internacionales.
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Crisis de confianza institucional: Los señalamientos públicos y el uso de plataformas oficiales para atacar a periodistas deterioran la imagen de neutralidad y legalidad de las FF. AA.
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Instrumentalización de recursos públicos: La difusión de mensajes estigmatizantes en medios institucionales militares, financiados con fondos estatales, represen
Opinión Social
La sociedad civil ha reaccionado con preocupación ante lo que considera un retroceso en las garantías democráticas. Diversas organizaciones defensoras de derechos humanos, como Artículo 19, han condenado enérgicamente las declaraciones del jefe castrense. La percepción pública de las Fuerzas Armadas se ha visto deteriorada: según el más reciente sondeo del Equipo de Reflexión, Investigación y Comunicación (ERIC-SJ), apenas un 15.7% de la población confía en esta institución, y un 47.1% la percibe como corrupta.
Además, el gremio periodístico, encabezado por el Colegio de Periodistas de Honduras (CPH), ha manifestado su alarma, evocando los oscuros episodios de los años 80, cuando los cuerpos castrenses persiguieron, vigilaron y desaparecieron a comunicadores sociales bajo la justificación de la “seguridad nacional”.
Opinión Política
La controversia ocurre en un contexto de creciente tensión política. La presidenta Xiomara Castro enfrenta una evaluación desfavorable en la opinión pública (4.13/10), y más del 61% de la población considera que no se respeta la libertad de expresión en el país. Paralelamente, funcionarios como el secretario de Finanzas, Christian Duarte, han emprendido acciones judiciales contra periodistas como Dagoberto Rodríguez, en lo que se interpreta como una estrategia de criminalización mediática.
A nivel internacional, figuras como Françoise Valérie, director de Transparencia Internacional, han advertido que estos actos de hostigamiento comprometen seriamente la democracia y la lucha contra la corrupción. En palabras suyas, “los periodistas no son sicarios de la verdad; son guardianes de la democracia”.
La postura beligerante adoptada por las Fuerzas Armadas, en la figura de su máximo jerarca, marca una preocupante escalada de confrontación con la prensa independiente. Lejos de fortalecer la institucionalidad democrática, estas acciones generan un clima de intimidación, autocensura y deslegitimación del periodismo como pilar fundamental de la democracia.
El uso del aparato estatal y militar para vigilar o desacreditar a periodistas no solo vulnera los derechos humanos, sino que mina el ya frágil equilibrio entre el poder militar y el civil. En tiempos donde la transparencia y la rendición de cuentas son esenciales, atacar a quienes cuestionan y fiscalizan constituye un atentado directo contra el Estado de derecho.
