El Cartel de los Soles, una organización criminal a la que Washington vincula con altos funcionarios del Gobierno de Nicolás Maduro, volvió al centro del debate internacional luego de que Estados Unidos anunciara que lo designará como organización terrorista extranjera (FTO). El movimiento se suma a su clasificación previa como grupo terrorista global especialmente designado (SDGT), una categoría que le fue impuesta en julio.
El Gobierno de Donald Trump sostiene que el Cartel de los Soles opera desde la década de los 90 y que está integrado por militares venezolanos, cuyo nombre deriva de las insignias con forma de sol que portan los generales. Sin embargo, la Administración de Control de Drogas (DEA) no oficializó públicamente sus investigaciones hasta marzo de 2020, cuando el Departamento de Justicia reconoció su existencia y señaló directamente al presidente Maduro y a Diosdado Cabello como líderes de la estructura criminal. Washington reiteró estas acusaciones el pasado julio.
Bajo ese argumento, Estados Unidos ofrece recompensas que suman hasta 50 millones de dólares por información que permita la captura de Maduro y otros presuntos jerarcas del cartel.
Caracas rechaza de manera categórica estas acusaciones y, al igual que el Gobierno colombiano, sostiene que el Cartel de los Soles “no existe”. Según ambas administraciones, Washington utiliza esta narrativa para desestabilizar a Venezuela y justificar acciones de presión política y militar.
Mientras tanto, gobiernos de la región como los de Ecuador, Argentina y Paraguay sí reconocen al Cartel de los Soles como organización terrorista, posicionándose del lado de Washington. En contraste, el presidente colombiano Gustavo Petro insiste en que el supuesto cartel es una construcción política y que el verdadero tráfico de cocaína desde la región estaría controlado por redes criminales con base en Europa y Medio Oriente.
El centro de investigación sobre crimen organizado InSight Crime describe al Cartel de los Soles como una red no jerárquica, carente de ideología, formada por células incrustadas en instituciones públicas venezolanas, especialmente en el Ejército. Según esta interpretación, se trataría de un entramado criminal difuso más que una estructura formal.
En medio de estas tensiones, Estados Unidos ha desplegado un amplio contingente militar en el Caribe, formado por más de 4.000 efectivos —incluidos unos 2.000 marines—, tres destructores, tres buques de transporte anfibio, un crucero lanzamisiles, el submarino nuclear USS Newport News y, recientemente, el portaaviones USS Gerald R. Ford, el más grande de su flota. Esta operación, denominada Lanza del Sur, busca frenar redes de narcotráfico que, según Washington, operan desde Venezuela.
En este contexto se enmarcan los recientes ataques contra embarcaciones sospechosas de actividades ilícitas, que desde septiembre han dejado más de ochenta muertos. La Casa Blanca sostiene que se trataba de narcotraficantes, mientras que en Caracas y otros gobiernos de la región cuestionan la legitimidad y proporcionalidad de estas acciones.
