Un polémico debate explotó tras acusaciones del empresario Rubén Darío Sorto, quien asegura que el bono climático del gobierno de Xiomara Castro se está entregando estratégicamente en zonas donde el partido Libre pierde apoyo electoral. Según Sorto, esta ayuda social se habría convertido en un arma política a solo semanas de las elecciones generales del 30 de noviembre.
Funcionarios de la Secretaría de Desarrollo Social defendieron la entrega como un apoyo legítimo a las familias más vulnerables afectadas por las lluvias, rechazando tajantemente que exista clientelismo político. “Es una falsedad decir que esto se está utilizando políticamente”, aseguró Juan Coello, director de la Red Solidaria, quien explicó que la distribución se basa en estudios y procesos de validación rigurosos.
Pero Sorto no se quedó callado y presentó datos contundentes: casi el 40% de los 661 millones de lempiras asignados al bono se concentran en el departamento de Cortés, una zona donde Libre sufrió una fuerte derrota en las primarias. Además, denunció que los beneficiarios no coinciden con los criterios oficiales de zonas de riesgo climático y que el bono no ha reducido la pobreza en absoluto.
El debate subió de tono cuando el economista Julio Raudales recordó que hace cuatro años los mismos cuestionamientos se hicieron contra el gobierno anterior, y que lo que hoy se defiende podría ser criticado en el futuro.
Mientras tanto, la secretaria de Sedesol, Mirtha Gutiérrez, lamentó las críticas y aseguró que el bono no es un pago condicionado ni clientelismo, sino una “medida integral de protección social” para enfrentar las consecuencias de la crisis climática.
Los beneficiarios reciben entre 3,000 y 7,000 lempiras, con más de 15,000 familias atendidas en San Pedro Sula gracias a una inversión de más de 107 millones de lempiras, respaldada por el Banco Centroamericano de Integración Económica (BCIE).
La tensión política crece, y el bono climático podría convertirse en un arma electoral que divide al país en plena temporada electoral.
