El Instituto de la Propiedad (IP) entregó al Ministerio Público 41 expedientes con supuestos indicios de corrupción relacionados con traspasos y registros vehiculares. La documentación incluye resoluciones administrativas, firmas presuntamente falsificadas y uso indebido de documentos oficiales en blanco.
Según el secretario ejecutivo del IP, Francisco Bocanegra, los casos involucran directamente al diputado del Partido Liberal, Jorge Cálix, y al exsecretario de la Presidencia, Ebal Díaz, quienes habrían participado —de manera directa o indirecta— en operaciones irregulares dentro del sistema registral.
Aunque el IP no tiene autoridad para determinar responsabilidades penales, Bocanegra aseguró que están cumpliendo con su deber legal al presentar los expedientes para que las autoridades competentes realicen las investigaciones correspondientes.
Además, la denuncia incluye el seguimiento a un caso de presunto desfalco por 12 mil millones de lempiras en la Unidad Coordinadora de Proyectos (UCP), un escándalo que, según Bocanegra, también salpica a la esposa del diputado Cálix, quien habría recibido dinero por su trabajo en esa unidad.
Ante estas acusaciones, Jorge Cálix reaccionó negando cualquier vínculo con los hechos denunciados. «No tengo nada que ver», afirmó. También acusó a Bocanegra de montar un “show” sin presentar pruebas concretas y aseguró que, de ser citado por el Ministerio Público, comparecerá sin problema.
Este nuevo capítulo se suma a una larga lista de denuncias por corrupción que rodean a exfuncionarios de administraciones anteriores, y vuelve a encender las alarmas sobre la transparencia en el manejo de fondos públicos y registros estatales en Honduras.
