Los empresarios del transporte urbano de Tegucigalpa, San Pedro Sula, La Ceiba y Choluteca lanzaron un contundente llamado al Gobierno para que pague de manera urgente el bono compensatorio por el congelamiento de tarifas, cuyo retraso ya suma cuatro meses. Este impago afecta directamente a más de dos millones de usuarios diarios, y los dirigentes advierten que la situación podría llevar al colapso del servicio si no se actúa de inmediato.
A través de un comunicado conjunto, los transportistas instaron a la presidenta Xiomara Castro y al titular de la Secretaría de Finanzas, Christian Duarte, a liberar los recursos pendientes y evitar que el retraso genere un mayor deterioro del servicio o alzas no autorizadas en las tarifas. Además del reclamo económico, exigieron acciones urgentes para frenar la creciente inseguridad que golpea al sector, donde decenas de conductores y ayudantes han sido víctimas de asaltos, extorsión e incluso asesinatos durante este año, provocando paros parciales y reducción de rutas en horarios nocturnos.
El comunicado deja claro que, aunque han agotado todas las instancias de diálogo, no descartan retomar medidas de presión o protestas si no obtienen respuestas satisfactorias en los próximos días. El bono compensatorio forma parte del acuerdo entre el Gobierno y el sector transporte para mantener las tarifas congeladas frente al alza de combustibles y costos operativos, pero su incumplimiento amenaza con desestabilizar el transporte público en las principales ciudades del país, afectando tanto a los usuarios como a los empleados del rubro.
La presión del sector ahora se centra en obtener un pago inmediato y en garantizar seguridad para sus colaboradores, en un momento crítico para la movilidad urbana en Honduras.
