El primer año del gobierno de Donald Trump se ha caracterizado por una política migratoria “sin precedentes”, marcada por un récord en detenciones, deportaciones y restricciones legales, según expertos que alertan sobre consecuencias humanitarias y económicas a largo plazo. Hasta el momento, 622.000 personas han sido deportadas y cientos enviadas a países distintos al de su origen, incluyendo El Salvador, Camerún y Sudán del Sur.
Las detenciones alcanzaron niveles históricos, con más de 73.000 migrantes bajo custodia en promedio, muchos de ellos sin antecedentes penales, y con denuncias de hacinamiento y abusos físicos y psicológicos. ICE duplicó su número de agentes y comenzó a operar con pasamontañas y vehículos sin identificar, aplicando redadas violentas incluso en ciudades gobernadas por demócratas. Más de 170 ciudadanos estadounidenses fueron arrestados por error, y migrantes que acudían a procesos legales fueron detenidos.
Además, programas como el Estatus de Protección Temporal (TPS), el ‘parole’ humanitario y la lotería de diversidad fueron suspendidos, dejando a más de un millón de personas legalmente en riesgo de deportación. En la frontera, la eliminación de solicitudes de asilo provocó que los cruces y detenciones cayeran a niveles más bajos en 50 años. Con 38 órdenes ejecutivas y más de 500 acciones migratorias, el gobierno de Trump ha transformado radicalmente la política migratoria de EE.UU., generando un clima más hostil para migrantes de todos los estatus legales.
