Las elecciones generales de Honduras, programadas para el 30 de noviembre de 2025, se desarrollan en un ambiente de alta tensión política y social, marcado por acusaciones, conflictos y divisiones profundas entre los principales actores del país. Con más de 6 millones de votantes, este proceso electoral no solo definirá el próximo gobierno, sino que también pondrá a prueba la estabilidad democrática del país.
Actualmente, la polarización entre los partidos políticos es evidente y se refleja en fuertes disputas y acusaciones mutuas. El partido oficialista LIBRE, encabezado por la presidenta Xiomara Castro y su candidata Rixi Moncada, enfrenta críticas severas de la oposición, que denuncia intentos de manipulación y control del Consejo Nacional Electoral (CNE) y del sistema judicial.
Por su parte, la oposición, conformada principalmente por el Partido Nacional y el Partido Liberal, liderados por Nasry Asfura y Salvador Nasralla respectivamente, ha denunciado intervenciones irregulares en el proceso electoral, calificándolas como intentos de “golpe electoral” y poniendo en duda la transparencia de los comicios.
Estas acusaciones se han traducido en conflictos abiertos que incluyen protestas, bloqueos y una intensa campaña mediática, aumentando la incertidumbre sobre el desarrollo pacífico y legal de las elecciones. Además, la captura y encarcelamiento de figuras políticas relevantes ha generado un ambiente de confrontación y desconfianza institucional.
En este contexto, la sociedad hondureña y la comunidad internacional observan con preocupación cómo se desarrollan estos eventos, conscientes de que el resultado electoral podría influir decisivamente en la estabilidad política y social del país en los próximos años.
Garantizar un proceso electoral transparente y respetado es considerado por muchos como un desafío clave para evitar una escalada de violencia o un quiebre democrático, en un momento en que Honduras enfrenta además importantes retos económicos y sociales.
Las elecciones generales de Honduras se celebrarán el 30 de noviembre de 2025, con alrededor de 6.3 millones de votantes habilitados. En estos comicios se elegirán al presidente de la República, 128 diputados al Congreso Nacional y 20 representantes al Parlamento Centroamericano.
Los candidatos presidenciales de los 3 principales partidos que ganaron las primarias y competirán en las elecciones generales son:
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Rixi Moncada, del partido LIBRE, abogada y exministra de Defensa, con un enfoque en políticas progresistas y fortalecimiento de la lucha contra la corrupción.
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Salvador Nasralla, del Partido Liberal, ingeniero y presentador de televisión, que promueve transparencia gubernamental, mejora en seguridad y desarrollo económico.
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Nasry Asfura, del Partido Nacional y exalcalde de Tegucigalpa, centrado en políticas de seguridad, infraestructura y desarrollo sostenible.
Estas elecciones representan una prueba de legitimidad para el actual gobierno y su partido, buscando consolidar un proceso electoral más transparente y participativo. El contexto político se caracteriza por una alta polarización y expectativa ciudadana.
PUNTOS IMPORTANTES
Crisis en el Consejo Nacional Electoral (CNE)
La crisis interna en el CNE ha generado incertidumbre sobre la transparencia del proceso electoral. Protestas y bloqueos por parte de colectivos afines al partido LIBRE han interrumpido procesos clave, mientras que la renuncia de una consejera ha complicado su reemplazo.
Protestas y violencia política
El monitoreo de la Universidad Nacional Autónoma de Honduras (UNAH) reporta 404 conflictos políticos y 109 incidentes de violencia política entre septiembre de 2024 y junio de 2025. El partido LIBRE destaca por ser simultáneamente la fuerza política que más agresiones recibe y la que más actos de violencia genera.
Denuncias de fraude y manipulación electoral
Durante las elecciones primarias de marzo de 2025, se registraron irregularidades en la distribución del material electoral en Tegucigalpa y San Pedro Sula. El órgano electoral reconoció «dificultades» en el proceso, lo que generó protestas y desconfianza en la ciudadanía.
