El Gobierno de Estados Unidos denunció la «naturaleza vil del régimen criminal» de Nicolás Maduro tras la muerte del exgobernador Alfredo Díaz, considerado preso político por la oposición venezolana. Díaz falleció mientras estaba detenido en El Helicoide, centro del Servicio Bolivariano de Inteligencia Nacional (Sebin), y su deceso ha reavivado las críticas sobre las condiciones de detención y el trato a opositores en el país.
Según autoridades venezolanas, Díaz murió por un infarto, información que coincidió con reportes de ONG y partidos políticos. Sin embargo, líderes opositores como María Corina Machado y Edmundo González Urrutia advirtieron que su fallecimiento evidencia un «patrón sostenido de represión estatal», señalando que ya son siete los presos políticos muertos en prisión desde las presidenciales de julio de 2024. Subrayaron que la integridad y vida del exgobernador eran responsabilidad directa de quienes lo mantenían arbitrariamente detenido, descartando que su muerte fuera un hecho común.
Díaz, activista del partido Acción Democrática y exalcalde y concejal, había denunciado irregularidades en las elecciones presidenciales y cuestionado la crisis eléctrica en Nueva Esparta, pocos días antes de su arresto en noviembre de 2024. La condena de EE.UU. se produce en un contexto de máxima tensión, con despliegue militar estadounidense en el Caribe bajo el argumento de combatir el narcotráfico, considerado por Caracas como una amenaza destinada a propiciar un cambio de Gobierno.
El caso resalta la crisis política y los riesgos que enfrentan los opositores en Venezuela, generando alarma internacional sobre la situación de los derechos humanos en el país.
