Un hondureño residente en Estados Unidos desde hace años fue detenido en West Palm Beach tras una infracción de tránsito, y trasladado con grilletes a la prisión Alligator Alcatraz, conocida como una de las más estrictas del sistema migratorio en Florida.
El hombre, originario de Choluteca, es beneficiario del Estatus de Protección Temporal (TPS), un programa que desde 1999 ha permitido a miles de hondureños vivir y trabajar legalmente en Estados Unidos. Sin embargo, su arresto demostró que el TPS no lo exime de enfrentar la ley migratoria.
La detención encendió alarmas en la comunidad hondureña. Mensajes en grupos de WhatsApp advertían: “Tengan cuidado, ni el TPS los protege si los paran en la calle”. Actualmente, más de 55,000 hondureños viven bajo este amparo, y muchos temen que casos como este anticipen un cambio de política.
Este hondureño se convirtió en el segundo beneficiario del TPS recluido en Alligator Alcatraz. Su familia en Honduras mantiene la esperanza de que recupere su libertad, aunque el proceso legal es incierto y podría prolongarse.
El TPS, creado tras el huracán Mitch, ha sido vital para miles de hondureños, pero su naturaleza temporal y dependiente de decisiones políticas lo hace vulnerable. Mientras se acerca el 18 de noviembre, fecha clave para definir el futuro del TPS para hondureños, la comunidad vive entre la rutina diaria y la incertidumbre sobre quién podría ser el próximo afectado.
