Una nueva tormenta sacude al Tribunal de Justicia Electoral (TJE), luego de que el magistrado presidente Mario Flores Urrutia denunciara lo que califica como una recusación ilegal en su contra, al tiempo que nombra a su suplente para no paralizar las funciones del organismo en plena fase de preparación electoral.
Flores Urrutia afirma que nunca fue notificado oficialmente de la recusación, y que los procedimientos establecidos en la normativa electoral no han sido respetados. Mientras tanto, el tribunal queda en el limbo, con sesiones suspendidas y una creciente tensión interna que amenaza con profundizarse.
“La ley es clara. No he sido notificado, y se ha vulnerado el debido proceso. Esto ya no es una diferencia técnica: es una maniobra que atenta contra la institucionalidad y afecta directamente al pueblo hondureño”, declaró, señalando directamente al magistrado Mario Morazán, a quien acusa de actuar con incoherencia y de boicotear el funcionamiento del TJE.
Pero Morazán no se quedó callado. En declaraciones públicas, aseguró que no puede resolver una recusación dirigida en su contra. “Es jurídicamente imposible. La ley me impide pronunciarme sobre mi propia recusación. Esto debe ir al pleno, pero no ha sido formalizada”, sostuvo, justificando así la suspensión de la última sesión.
La disputa deja al TJE sin sesiones activas y bajo una presión creciente. Flores Urrutia fue más allá y denunció que el magistrado Morazán ha sido inconsistente con sus posturas: “Primero participó activamente en sesiones virtuales y ahora dice que son ilegales. ¿Cuál es la coherencia?”.
El presidente del tribunal lamentó que, en lugar de resolver los puntos pendientes en el marco de la ley, el conflicto se haya trasladado a los medios de comunicación. “No quieren discutir, no quieren trabajar. Prefieren la polémica mediática antes que el deber institucional”, sentenció.
En un intento por destrabar la crisis, Flores Urrutia confirmó el nombramiento de un magistrado suplente, decisión que refleja la gravedad del impasse dentro del TJE. La batalla interna en el máximo órgano de justicia electoral deja al descubierto un preocupante nivel de fractura justo cuando el país comienza a mirar hacia el próximo proceso electoral.
La pregunta ahora es: ¿quién realmente está dispuesto a salvar la institucionalidad?
