La Corte Suprema de Estados Unidos decidió evaluar la constitucionalidad del controvertido decreto del presidente Donald Trump que busca poner fin al derecho a la ciudadanía automática por nacimiento en el país. La medida ha sido bloqueada previamente por varios tribunales inferiores, pero ahora será analizada por el máximo tribunal.
El decreto presidencial establece que los niños nacidos en Estados Unidos no recibirán pasaportes ni certificados de ciudadanía si su madre se encuentra en el país de manera ilegal o temporal y el padre no es ciudadano estadounidense ni residente permanente. También se incluyen en la medida los hijos de personas con visas de estudiante, trabajo o turismo.
El derecho a la ciudadanía por nacimiento, conocido como principio de jus soli, está protegido desde hace más de 150 años por la 14ª enmienda de la Constitución, aprobada en 1868 tras la Guerra de Secesión para garantizar los derechos de los esclavos liberados y sus descendientes.
La decisión de la Corte Suprema limitará hasta el 27 de junio la capacidad de los jueces para bloquear a nivel nacional acciones ejecutivas consideradas ilegales, aunque todavía no se pronuncia sobre la constitucionalidad del decreto de Trump, que firmó al regresar a la Casa Blanca, argumentando la necesidad de frenar la migración irregular.
Expertos y organizaciones advierten que de aprobarse la medida, millones de niños podrían verse afectados, generando un impacto social y legal sin precedentes en Estados Unidos y abriendo un intenso debate sobre derechos constitucionales y políticas migratorias.
