Tegucigalpa, Honduras. El Congreso Nacional aprobó en tercer y último debate un decreto que autoriza 371 contratos de obras, supervisión, consultoría y auditoría del Fondo Hondureño de Inversión Social (FHIS), con el propósito de reactivar proyectos de infraestructura educativa y social que permanecían paralizados desde la administración anterior.
La iniciativa fue aprobada este jueves luego de que el presidente del Poder Legislativo, Tomás Zambrano, solicitara la dispensa de debates para agilizar su ratificación.
Según el dictamen, una parte importante de los contratos corresponde a proyectos impulsados durante el gobierno anterior que no fueron firmados o remitidos oportunamente al Congreso Nacional, requisito indispensable para que pudieran continuar su ejecución al extenderse al siguiente período gubernamental.
Como consecuencia, numerosas obras quedaron inconclusas, especialmente en el sector educativo, donde varios centros escolares permanecieron con trabajos suspendidos y, en algunos casos, en condiciones más deterioradas que antes del inicio de las intervenciones.
Los 371 contratos comprenden proyectos de infraestructura educativa, sistemas de agua potable y saneamiento, mitigación de riesgos, infraestructura vial, supervisión de obras, auditorías y fortalecimiento institucional en los departamentos de Atlántida, Choluteca, Colón, Comayagua, Copán, Cortés, El Paraíso, Francisco Morazán, Intibucá, La Paz, Lempira, Olancho, Santa Bárbara, Valle y Yoro.
Uno de los principales componentes del decreto corresponde al Programa de Mejora de la Infraestructura Escolar (Promine), ejecutado por la Secretaría de Educación, mediante el cual se desarrollan proyectos de construcción, ampliación, reparación, reposición y modernización de centros educativos.
De acuerdo con la información oficial, más de 300 escuelas y colegios serán beneficiados con obras de infraestructura, incluyendo centros educativos ubicados en Cortés, Yoro, Copán, Atlántida, Santa Bárbara, Lempira, Comayagua, Olancho, Valle y El Paraíso.
Además de las obras educativas, el decreto autoriza inversiones para la construcción y mejoramiento de sistemas de agua potable y saneamiento, proyectos de mitigación de riesgos, rehabilitación de infraestructura vial y supervisión técnica de diferentes proyectos sociales.
Con esta aprobación, el Congreso Nacional habilita la continuidad de obras que permanecían detenidas, permitiendo que las instituciones responsables retomen su ejecución y concluyan proyectos destinados a mejorar la infraestructura educativa y las condiciones de vida de miles de familias hondureñas.
