Honduras – A las 5:20 de la madrugada del 18 de julio de 2020, el eco de la violencia quebró la tranquilidad de Triunfo de la Cruz, en Tela, Atlántida. Cinco hombres —cuatro de ellos garífunas— fueron sacados a la fuerza de sus hogares por sujetos armados vestidos con uniformes de la Dirección Policial de Investigación (DPI). Desde entonces, nada se sabe de su paradero.
La pregunta que atormenta a sus familias no ha cambiado en cinco años: ¿Dónde están?
Los desaparecidos son Alberth Snider Centeno, Milton Joel Martínez Álvarez, Suami Aparicio Mejía, Junior Rafael Juárez Mejía y Gerardo Misael Trochez. Fueron raptados en plena pandemia, en una comunidad que, paradójicamente, cuenta con medidas cautelares otorgadas por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) desde 2006 y una sentencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH) desde 2015 que obliga al Estado hondureño a proteger sus tierras y su gente. Pero nada de eso fue suficiente.
Tierra, territorio y persecución
Alberth Snider Centeno no era un líder más. A sus 27 años presidía el Patronato de Triunfo de la Cruz y era miembro activo de la Organización Fraternal Negra Hondureña (Ofraneh). Desde su rol comunitario, impulsó la recuperación de tierras ancestrales y exigió el cumplimiento de la sentencia internacional que ordena al Estado hondureño devolver el territorio usurpado a su comunidad.
También lideró la reapertura de la radio comunitaria, una plataforma de resistencia, cultura y denuncia.
Junto a los otros desaparecidos, defendía la vida, el territorio y la identidad del pueblo garífuna. Y por eso, creen muchos, fueron desaparecidos.
“Exigimos acciones reales para encontrar a nuestros hermanos. ¡Basta ya de tanta impunidad, basta ya de mentiras y persecución contra nuestro pueblo!”, clamó Miriam Miranda, coordinadora de Ofraneh.
SUNLA: cuando la búsqueda se convierte en resistencia
Ante la indiferencia institucional, la comunidad decidió actuar por su cuenta. En febrero de 2021 nació el comité SUNLA (que significa “¡Basta ya!” en lengua garífuna), una iniciativa de autogestión para investigar la desaparición forzada de los cinco hombres.
Desde su creación, SUNLA ha exigido acceso pleno a las investigaciones. Sin embargo, hasta la fecha, no tiene conocimiento del avance real del caso. El Ministerio Público no ha brindado información concreta, y la Policía ha sido señalada como parte del problema, no de la solución.
Más de 200 organizaciones de América y Europa han respaldado la causa de SUNLA. A pesar de ello, el comité sigue al margen de las diligencias oficiales.
Capturas y un caso que no convence
En un intento por cerrar el caso, la Fiscalía Especial de Delitos Contra la Vida (FEDCV) en San Pedro Sula acusó a 16 presuntos miembros de la Mara Salvatrucha (MS-13) como responsables del hecho.
Cinco están detenidos, cuatro permanecen prófugos, y los delitos imputados van desde asociación terrorista y allanamiento de morada hasta privación ilegal de libertad y robo con violencia.
Pero para la comunidad garífuna, esta narrativa oficial es insuficiente y carece de credibilidad. Las capturas no explican el verdadero móvil del crimen, ni aclaran la posible participación de actores estatales o vinculados al conflicto por la tierra.
¿Cómo es posible que, pese a una sentencia internacional que ordena proteger al pueblo garífuna, estos hechos sigan ocurriendo?
“Los mataron en vida”
Desde aquel 2020, al menos una decena de líderes garífunas han sido asesinados o desaparecidos en circunstancias similares: emboscadas, ataques armados, desapariciones forzadas. Ninguno de esos crímenes ha sido esclarecido.
El miedo persiste en las comunidades. «Los hombres con uniforme pueden volver en cualquier momento», comentan los pobladores con temor.
La diputada nacionalista Johana Bermúdez culpó al gobierno de turno por la falta de resultados. “¿Dónde están las acciones tangibles de este gobierno para encontrar a los jóvenes desaparecidos?”, cuestionó.
Pero para Ofraneh y SUNLA, el problema trasciende gobiernos. La violencia contra el pueblo garífuna es estructural y sistémica, y no se resuelve con discursos, sino con verdad, justicia y reparación real.
El silencio como política de Estado
Cinco años después de aquella madrugada oscura, la comunidad garífuna no olvida. Sigue de pie, herida pero firme, exigiendo justicia.
La exigencia es clara: que el Estado no archive el caso, no encubra a los responsables, y no prolongue el silencio.
Porque no se trata solo de cinco hombres desaparecidos. Se trata de la dignidad de un pueblo que, a pesar del abandono y la persecución, se niega a desaparecer.
