Miguel Llanquileo Cona y Eric Montoya Montoya, miembros de la organización radical Weichan Auka Mapu, fueron condenados a 24 años de prisión tras ser sorprendidos en un auto robado cargado con un auténtico arsenal de guerra. Entre los elementos incautados se encontraban granadas de uso militar, subametralladoras, carabinas y más de 500 cartuchos, además de lienzos alusivos a la causa mapuche. La investigación determinó que una de las subametralladoras había sido utilizada en al menos siete atentados ocurridos entre 2020 y 2022 en las regiones de Bío Bío y La Araucanía, dejando a la población en un estado constante de miedo y tensión.
El fallo judicial divide la condena en 20 años por diversas infracciones a la ley de armas y cuatro años adicionales por el delito de receptación, ya que el vehículo en el que fueron sorprendidos tenía orden de incautación por robo. Las autoridades destacaron que los peritajes balísticos fueron clave para vincular directamente a los acusados con los ataques, lo que evidencia la peligrosidad y el nivel de organización de estos grupos radicales.
Aunque los ataques de organizaciones radicales mapuches han disminuido en los últimos años gracias al Estado de Emergencia y la presencia de fuerzas militares en la Macrozona Sur, el surgimiento de nuevos grupos mantiene a la región en alerta. La Coordinadora Arauco Malleco, la Resistencia Mapuche Malleco y otras organizaciones han visto reducida su actividad, pero otras como la Resistencia Mapuche Pehuenche o la Resistencia Kunko-Williche comienzan a consolidarse, mostrando que la violencia no ha desaparecido, sino que se ha transformado.
Este caso se convierte en un ejemplo del impacto de la represión judicial y militar en la disminución de los delitos, aunque también evidencia que la amenaza de nuevos grupos armados sigue presente. La condena de Llanquileo y Montoya se interpreta como un golpe directo a las bandas más activas y peligrosas de la zona, pero la lucha por la seguridad en la Macrozona Sur continúa siendo un desafío complejo y de largo plazo para las autoridades chilenas.
