Tocoa, Colón – Honduras.
Durante casi dos décadas, el Bajo Aguán ha sido mucho más que una zona agrícola estratégica: ha sido el escenario de un conflicto crónico donde el sueño campesino se ha visto truncado por la violencia, el crimen organizado y la inacción del Estado. La reciente exhumación de los cuerpos de Inés Suyapa Guillén y José Luis Hernández, realizada en la aldea Panamá por la fiscalía regional del Bajo Aguán (FRBA) y la Unidad de Muertes Violentas del Bajo Aguán (Umviba), revive una herida abierta que el país aún no ha querido cerrar.
La operación forma parte de una serie de diligencias en una región donde la tierra prometida terminó convertida en territorio de muerte. Una vez más, la justicia llega tarde. O simplemente, no llega.
Una guerra por la tierra que sembró terror
El Bajo Aguán fue sinónimo de esperanza durante los años 70, cuando cientos de familias campesinas llegaron al valle escapando de la pobreza y la sequía. Pero con el auge del cultivo de palma africana, la tierra fértil despertó intereses poderosos: empresarios, cooperativas, estructuras del narcotráfico y políticos inescrupulosos comenzaron a disputarse el control territorial, económico y estratégico del corredor.
“Lo que comenzó como una lucha agraria derivó en una guerra encubierta por el control de la tierra y del poder”, explica un exagente que investigó la zona.
Desde 2006, la violencia no ha hecho más que escalar, dejando una secuela de asesinatos, desapariciones, desplazamientos forzados y una población campesina asediada.
Cooperativas bajo fuego cruzado
Organizaciones como las cooperativas Camarones, Tranvío y El Chile, integradas en la Plataforma Agraria y COPA, han sido blanco directo de hostigamientos, asesinatos y campañas de criminalización. Entre diciembre de 2024 y junio de 2025, las comunidades de Quebrada de Arena, Corocito y Panamá han vivido bajo constante asedio.
Más de 150 familias han tenido que abandonar sus tierras. Las actividades agrícolas están paralizadas. Las amenazas, patrullajes ilegales y retenciones arbitrarias se han vuelto parte del día a día.
Promesas rotas, acuerdos estancados
El conflicto en el Bajo Aguán ha generado múltiples intentos de solución, todos fallidos. En 2022, el Gobierno firmó un convenio para proteger 13 cooperativas. En 2023, se anunció la creación de una Comisión de Seguridad Agraria. Nada cambió.
La Comisión Tripartita, que debía investigar violaciones a los derechos humanos, nunca se instaló. Las reformas agrarias prometidas fueron engavetadas. Y el Estado, con su silencio o ineficiencia, ha sido cómplice pasivo del dolor que se acumula en esta tierra de promesas incumplidas.
“Mientras no se toque a los verdaderos intereses que están detrás, esto no va a cambiar”, advierte Hugo Maldonado, presidente de Codeh.
Defensores asesinados, impunidad intacta
En 2023, siete defensores de la tierra fueron asesinados en la región. Entre 2022 y 2023, al menos una docena de campesinos más perdió la vida. Las cifras, lejos de disminuir, revelan una crisis de derechos humanos que continúa agudizándose.
A pesar de las denuncias constantes de organizaciones nacionales e internacionales, el Estado hondureño ha fallado en lo esencial: garantizar vida, seguridad y justicia a sus ciudadanos más vulnerables.
Un clamor que no se apaga
Hoy, el Bajo Aguán sigue esperando una respuesta real. No más comunicados. No más operativos simbólicos. Las comunidades no solo claman por tierra. Claman por vivir.
Cada tumba abierta, cada líder asesinado, cada familia desplazada es un grito de auxilio ignorado. La tierra sigue en disputa. La impunidad sigue floreciendo. Y los campesinos, con dignidad, siguen sembrando esperanza entre los escombros de la indiferencia.
