Un nuevo capítulo se suma a la larga lista de implicados en el millonario desfalco del Instituto Hondureño de Seguridad Social (IHSS). El Ministerio Público ha logrado que se eleve a juicio el caso contra Elmer Antonio Rubí Rivera, un empresario vinculado directamente al escándalo que desangró los fondos destinados a la salud del pueblo hondureño.
Rubí Rivera, propietario de la empresa Distribuidora de Suministros Médicos (DISUMED), está acusado de lavar 2,490,750 lempiras provenientes de pagos emitidos por empresas fachadas, las cuales recibieron contratos fraudulentos con dinero del IHSS. Para ocultar el origen ilícito de los fondos, parte del dinero fue canalizado a través de cuentas a nombre de su madre, según revelan las investigaciones.
El caso vuelve a poner en la mira el periodo comprendido entre 2010 y 2014, cuando el IHSS fue blanco de una de las redes de corrupción más escandalosas en la historia reciente del país. En esa época, José Alberto Zelaya Guevara —quien fungía como Subgerente de Compras— favoreció de forma directa a DISUMED, adjudicándole cinco compras fraccionadas de gasas quirúrgicas por casi 900 mil lempiras. Todo esto en clara violación a la Ley de Contratación del Estado. Zelaya, por su parte, continúa prófugo.
El Ministerio Público sostiene que este tipo de operaciones no fueron simples “errores administrativos”, sino maniobras bien estructuradas para saquear los fondos del IHSS, afectando directamente la atención médica de miles de hondureños.
El caso de Rubí Rivera también se conecta con el llamado esquema de “Planillas Fantasmas”, donde se descubrió que personas inexistentes o sin el perfil adecuado fueron inscritas como empleados del IHSS para cobrar salarios que nunca se ganaron. Un fraude detectado inicialmente en San Pedro Sula que destapó la vulnerabilidad del sistema y la complicidad de funcionarios internos.
Este nuevo juicio pone nuevamente sobre la mesa el impacto devastador que ha tenido la corrupción en el sistema de salud público. Mientras los responsables del desfalco enfrentan la justicia —otros aún logran evadirla—, el pueblo continúa pagando las consecuencias de un crimen cometido desde los escritorios.
