La Unidad Nacional de Apoyo Fiscal (UNAF) obtuvo auto de formal procesamiento con prisión preventiva contra 10 personas por su implicación en el desfalco de 45.5 millones de lempiras a la Alcaldía de San Pedro Sula, mediante 33 contratos fraudulentos suscritos con la empresa Constructora HERCOD S. de R.L.
A los imputados se les atribuyen diversos delitos, entre ellos: violación de los deberes de los funcionarios, fraude continuado, lavado de activos y tráfico de influencias.
El auto de formal procesamiento fue dictado contra Luis Fernando Hernández Portillo y su esposa Olga Estela Ávila Ortega, representante legal de la empresa HERCOD S. de R.L., así como contra los representantes de otras empresas que se habrían coludido para ejecutar el fraude: Andrea Fabiola Perdomo Delgadillo y Malcos Jonathan Morales Corea.
También fueron procesados ex y actuales funcionarios de la Gerencia de Infraestructura, entre ellos: Osman David Chávez Orellana, Denis Jamil Paz Martínez y Alejandra Eunice Amaya Barnica. Asimismo, enfrentan cargos Marlen Karina Mena Gómez, exgerente financiera; Xavier Lacayo Delgadillo, tesorero municipal; y Walter Manuel Cartagena Villagra, exdirector del Departamento de Vías.
De acuerdo con las investigaciones, los empleados municipales y los representantes legales de las empresas implicadas habrían planificado la adjudicación directa de los 33 contratos a HERCOD, mientras que las demás compañías solo participaban como un «relleno» para simular competencia. Estas empresas carecían de capacidad técnica y personal calificado para ejecutar los proyectos; además, en sus registros de ubicación figuraban domicilios poco confiables: casas particulares, negocios de venta de pollos o incluso edificios aún en construcción.
Entre los elementos probatorios presentados en la audiencia inicial, se destacó que la empresa HERCOD no contaba con la maquinaria ni con el personal necesario para ejecutar los proyectos. De hecho, en las planillas del IHSS solo figuraba una empleada registrada: su representante legal.
Además, en los contratos se consignó la reparación de un tramo carretero de 160 kilómetros, pero las investigaciones revelaron que en realidad solo debían rehabilitarse aproximadamente 35 kilómetros, correspondientes al trayecto entre La Puerta y El Merendón. Esto indica que se adulteró deliberadamente la extensión del tramo con el objetivo de obtener un beneficio económico indebido.
Asimismo, según el testimonio de un testigo protegido, desde cuentas bancarias de la empresa HERCOD se cubría la mensualidad de un vehículo que, conforme a lo verificado en la investigación, era utilizado por el imputado Steve Adolfo Fajardo Vargas.
Los pagos a HERCOD fueron autorizados sin que se presentaran informes de avance ni de finalización de obras. Tras recibir los fondos correspondientes a los 33 contratos, la representante legal de la empresa, Olga Estela Ávila Ortega, transfirió el dinero a cuentas bancarias donde tanto ella como su esposo, Luis Fernando Hernández Portillo, tenían firma autorizada.
Posteriormente, Hernández Portillo realizó transferencias por más de5.9 millones de lempiras a Josué David Fajardo Hernández, quien, a través de terceros, entregaba el dinero en efectivo a su sobrino —y también yerno del alcalde municipal Steve Adolfo Fajardo Vargas, con el fin de ocultar el origen ilícito de los fondos.
