Tras 45 días consecutivos de asambleas informativas impulsadas por el Colegio Médico de Honduras (CMH) en los 18 departamentos del país, la suspensión de la consulta externa en la red hospitalaria pública mantiene en incertidumbre a miles de pacientes que dependen de la atención especializada para controlar sus enfermedades.
De acuerdo con las cifras expuestas durante el foro televisivo Frente a Frente, la interrupción de los servicios ha dejado más de 29,000 consultas especializadas sin atender y cerca de 4,000 cirugías electivas suspendidas, con consecuencias para quienes necesitan seguimiento médico periódico.
Durante el espacio de análisis participaron el diputado y exsubsecretario de Salud, Roberto Cosenza; el doctor en Salud Pública y epidemiólogo Manuel Sierra; y el vicepresidente del Colegio Médico de Honduras y cardiólogo intervencionista, Haroldo López, quienes abordaron las repercusiones sanitarias del conflicto.
Pacientes crónicos, entre los más afectados
El doctor Manuel Sierra señaló que, según las estimaciones presentadas en el foro, alrededor del 65 % de los usuarios que acuden a consulta rutinaria padece hipertensión arterial, mientras que un 40 % presenta diabetes mellitus.
La interrupción de las consultas dificulta el seguimiento de estos pacientes, quienes requieren controles periódicos para evaluar su condición, ajustar sus tratamientos y prevenir complicaciones.
A esta situación se suma el acceso a los medicamentos. En hospitales públicos como el Hospital Escuela, el Instituto Nacional Cardiopulmonar, conocido como Instituto del Tórax, y el Hospital Mario Catarino Rivas, la entrega de determinados fármacos puede depender de la presentación de una receta médica vigente emitida por un especialista.
Con los consultorios de consulta externa suspendidos, los pacientes pueden enfrentar dificultades para obtener nuevas recetas y mantener la continuidad de sus tratamientos, dependiendo de los procedimientos establecidos en cada centro asistencial.
Comprar medicamentos en el sector privado golpea el bolsillo
La situación representa una carga económica adicional para las familias que no pueden acceder oportunamente a sus medicamentos en el sistema público.
Según los datos expuestos, un tratamiento mensual básico para controlar la diabetes puede costar al menos 4,000 lempiras en el mercado privado, mientras que un esquema para la hipertensión arterial ronda los 3,000 lempiras mensuales.
Estos montos no incluyen gastos adicionales por exámenes de laboratorio ni estudios de diagnóstico por imágenes, lo que puede elevar considerablemente el costo de la atención.
Mientras continúa el conflicto entre el gremio médico y las autoridades, los pacientes crónicos figuran entre los sectores más vulnerables ante la interrupción de los servicios. La prolongación de esta situación aumenta la preocupación por el seguimiento de sus enfermedades y el riesgo de complicaciones asociadas a la falta de atención oportuna.
