El Estado de Honduras proyecta construir una megacárcel de máxima seguridad en el sector de Naco, entre los departamentos de Santa Bárbara y Cortés, con capacidad para albergar hasta 10,000 privados de libertad vinculados a estructuras criminales. La iniciativa contempla aprovechar terrenos estatales donde existen obras de infraestructura penitenciaria abandonadas desde hace casi dos décadas, cuya inversión se estima entre 300 y 400 millones de lempiras.
El presidente del Congreso Nacional, Tomás Zambrano, dio a conocer los detalles del proyecto durante su participación en el foro televisivo Frente a Frente, este lunes 19 de octubre de 2026. Según explicó, el terreno seleccionado supera las 70 manzanas y ya había sido destinado anteriormente a iniciativas de construcción de infraestructura penitenciaria que no llegaron a concretarse.
El primer intento se remonta a 2007, cuando el obispo Rómulo Emiliani promovió una iniciativa para trasladar el antiguo centro penal de San Pedro Sula. Posteriormente, en 2019, se impulsó un nuevo proyecto de construcción, pero las obras quedaron paralizadas durante la pandemia de covid-19.
Zambrano señaló que, una vez aprobadas las reformas previstas para esta semana, las autoridades deberán realizar visitas a los terrenos identificados para evaluar las condiciones y avanzar en la definición del proyecto.
Un modelo inspirado en El Salvador
La propuesta hondureña toma como referencia el Centro de Confinamiento del Terrorismo (Cecot), ubicado en Tecoluca, departamento de San Vicente, El Salvador. La delegación parlamentaria hondureña conoció las instalaciones durante una visita de trabajo al vecino país.
De acuerdo con las explicaciones de Zambrano, el diseño contempla módulos de máxima seguridad con capacidad para 5,000 reclusos cada uno, con la meta de alcanzar una capacidad total de 10,000 personas. El funcionario también destacó que el modelo buscaría mantener recluidos en los mismos módulos a integrantes de pandillas rivales, como la Mara Salvatrucha (MS-13) y el Barrio 18, rompiendo con la separación tradicional entre estas estructuras.
La iniciativa forma parte de una estrategia orientada a reforzar el control penitenciario y evitar que los cabecillas de organizaciones criminales continúen dirigiendo actividades delictivas desde las cárceles.
Régimen de máxima seguridad y restricciones
Entre las medidas expuestas figura la aplicación de un régimen de confinamiento estricto para los privados de libertad clasificados dentro de las categorías contempladas por la normativa penitenciaria mencionada por Zambrano.
Las disposiciones anunciadas incluyen la suspensión de las visitas familiares y conyugales presenciales, la prohibición del ingreso de dinero en efectivo, manuscritos y alimentos enviados por familiares, así como la distribución estandarizada de la alimentación dentro del centro penal.
También se contempla un régimen de encierro de 23 horas y media al día, con 30 minutos destinados a actividades físicas y una hora semanal de exposición al sol, conforme a las condiciones descritas durante el foro televisivo.
El director del Instituto Nacional Penitenciario, general en condición de retiro Walter Amador Lacayo, respaldó telefónicamente la restricción de las visitas presenciales. Según argumentó, la medida busca impedir que los integrantes de estructuras criminales presionen a sus familiares para introducir drogas, teléfonos celulares y otros artículos prohibidos en los centros penitenciarios.
Amador Lacayo sostuvo que eliminar las visitas presenciales contribuiría a proteger a las familias de los reclusos frente a posibles amenazas y chantajes.
Pendiente la evaluación de los terrenos
La construcción de la megacárcel se perfila como uno de los principales componentes de la estrategia de seguridad penitenciaria impulsada por las autoridades hondureñas. Sin embargo, el proyecto todavía requiere avanzar en las evaluaciones correspondientes y en las decisiones institucionales anunciadas por el presidente del Congreso.
De concretarse, la obra aprovecharía infraestructura que permanece inconclusa desde hace años y permitiría ampliar la capacidad del sistema penitenciario nacional, bajo un esquema de máxima seguridad inspirado en la experiencia salvadoreña.
