La decisión del Gobierno de Honduras de absorber temporalmente durante 30 días el impuesto al diésel ha abierto un debate urgente sobre la sostenibilidad de las finanzas públicas.
Con una pérdida de recaudación estimada entre 300 y 400 millones de lempiras en solo un mes, monto que rondaría los 1,000 millones si la medida se prorroga por noventa días, el Estado hondureño se enfrenta al dilema de cómo financiar este déficit sin contratar más deuda ni sacrificar los presupuestos de salud y educación.
En el foro Frente a Frente de este lunes 5 de octubre de 2026 los invitados analizaron la situación y concluyeron de forma unánime que el costo del alivio a los combustibles no debe pagarse con endeudamiento externo ni con recortes a la inversión social, sino mediante un paquete integral de ahorro público que combine el recorte de gastos en el aparato estatal y la implementación del teletrabajo en la administración pública.
Los invitados fueron Alex Baquis, economista y especialista en gestión y políticas públicas, presente en el set de Tegucigalpa; Amparo Canale, expresidenta del Colegio de Economistas de Honduras (CEH); Rubén Darío Sorto, empresario y analista económico; Edgar Aguilar, especialista en energía de la Asociación para una Sociedad más Justa (ASJ).
La encrucijada tras el congelamiento del impuesto al diésel
El debate comenzó por el impacto que tendrá para las finanzas del país dejar de cobrar el impuesto a los combustibles, ya que este es uno de los tributos que más ingresos genera al Estado, solo por debajo del Impuesto sobre Ventas (ISV) y el Impuesto sobre la Renta (ISR).
El economista y experto en gestión pública, Alex Baquis, detalló la cifra del impacto financiero y aseguró que «es un impacto fuerte y el gobierno tiene que estar pilas para ver cómo se va a compensar».
Por su parte, la expresidenta del Colegio de Economistas de Honduras, Amparo Canales, señaló que la medida reacciona a la presión del transporte pero llega cuando el diésel y el querosén ya acumulan alzas de más de 60 lempiras en lo que va del año.
«Esta es una medida importante aunque debió haberse tomado mucho antes ( … ) 153 lempiras por galón sigue siendo un precio alto. Estamos en una situación de crisis mundial y debe haber mucho mayor racionalidad del gasto para hacerle frente y evitar un impacto en la canasta de alimentos», dijo.
Recortar gastos para evitar endeudar al país
El analista Rubén Darío Sorto fue enfático al exigir la aplicación de «medidas draconianas» para erradicar el derroche burocrático en el presupuesto público.
«Hay que cortar el gasto innecesario, cortar esa grasa en el presupuesto que existe. Estoy hablando precisamente de la renta de vehículos blindados por 500 millones de lempiras al año y la disposición para viajes de funcionarios ( … ) Si usted corta la publicidad estatal, puede destinar una parte de esos recursos a mitigar el impacto. En este momento Honduras no tiene por qué gastar en lo que no es prioritario», dijo.
Coincidiendo con este planteamiento, Edgar Aguilar, especialista de la ASJ, instó a buscar eficiencias internas en el gasto corriente en lugar de comprometer el Tesoro Nacional.
«Financiemos el alivio con eficiencias, no con deuda. No es posible que en un país con grandes necesidades veamos a funcionarios dándose grandes lujos. Hay que revisar consultorías duplicadas, reducir viáticos y tomar acciones firmes frente a las pérdidas de la ENEE que superan los 10,000 millones de lempiras al año», apuntó Aguilar.
Como segunda opción para el ahorro público, la mesa de debate propuso implementar de inmediato el teletrabajo en el sector gubernamental y optimizar el uso de la flota vehicular del Estado.
Rubén Darío Sorto expuso el impacto cuantitativo de retirar parte de la burocracia de las carreteras urbanas.
«Una medida que tiene un efecto inmediato sobre el presupuesto y el gasto en combustibles es el teletrabajo», señaló Sorto.
Al mismo tiempo explicó que por las calles de Tegucigalpa y Comayagüela circulan diariamente más de 900,000 vehículos. Los empleados públicos suman alrededor de 220,000 a 250,000 personas; «si usted manda a teletrabajo entre el 30% al 40% del personal público no esencial, tiene de inmediato una reducción del tráfico y del consumo no solo de diésel sino de otros combustibles».
Alex Baquis respaldó la iniciativa señalando que la crisis representa una oportunidad para reordenar la administración pública y exigir disciplina en la función estatal.
«Al gobierno le toca raspar la olla y ver cómo va a ser un gobierno austero con un gasto efectivo. Hay que realizar una revisión exhaustiva del empleado público para garantizar que el funcionario cumpla una carrera específica y el gasto sea productivo», añadió.
Asimismo, Amparo Canales remarcó la urgencia de apagar las luces en las oficinas públicas durante la noche y restringir el uso de vehículos oficiales para tareas personales o fines de semana.
Como conclusión, los invitados insistieron en que la suspensión temporal del impuesto al diésel es un paliativo de corto plazo que resultará insostenible e impositivamente peligroso si el Gobierno pretende financiarlo mediante más endeudamiento o descuidando las partidas de salud y educación.
