La violencia y el accionar de estructuras criminales continúan afectando al sistema educativo hondureño, obligando a cientos de docentes a abandonar sus centros de trabajo ante amenazas contra su vida, extorsiones y otras formas de intimidación.
La directora departamental de Educación de Francisco Morazán, Digna Italia Ruiz, informó que durante 2026 se han recibido más de 300 solicitudes formales de traslado por motivos de seguridad, presentadas por maestros que aseguran encontrarse en situaciones de riesgo.
Según la funcionaria, las solicitudes están relacionadas principalmente con amenazas de muerte, extorsiones y acoso por parte de estructuras delictivas que operan en diferentes sectores del país.
La problemática no es nueva. De acuerdo con el registro histórico manejado por las autoridades educativas, desde 2017 se contabilizan más de 900 desplazamientos de docentes en distritos escolares ubicados principalmente en ciudades con altos niveles de conflictividad.
El Distrito Central concentra la mayor cantidad de casos, con más de 500 maestros desplazados en Tegucigalpa y Comayagüela durante el período analizado.
Ruiz explicó que las autoridades buscan dar atención prioritaria a cada solicitud para garantizar la seguridad de los educadores y facilitar su reubicación en zonas donde no exista un riesgo inmediato para sus vidas.
La situación también genera preocupación entre organizaciones magisteriales y defensoras de derechos humanos, debido a que algunos centros educativos ubicados en sectores considerados de alta conflictividad son señalados como espacios donde las estructuras criminales ejercen presión sobre estudiantes, intentan reclutar menores y desarrollan actividades relacionadas con la extorsión.
En este contexto, los docentes pueden convertirse en blanco de represalias cuando denuncian irregularidades, intentan mantener el control disciplinario dentro de los centros educativos o se niegan a cumplir exigencias de grupos criminales.
Ante el incremento de los casos, la Secretaría de Educación y la Secretaría de Seguridad mantienen mecanismos de coordinación para agilizar los procesos de protección y reubicación de los docentes en situación de riesgo.
Las autoridades también trabajan en medidas de contingencia para evitar que los estudiantes resulten afectados por la ausencia de maestros y que las secciones educativas queden sin atención durante el desarrollo del año lectivo.
